El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Desalojo violento en La Chorrera.
Ante el Procurador General de la Nación, hoy se presentó denuncia criminal por violación a los derechos humanos, extralimitación de funciones y abuso de autoridad, en contra de las autoridades que ejecutaron sin fundamento legal, ni orden escrita de autoridad competente, el violento desalojo de más de 200 personas que se encontraban ocupando desde hace más de tres (3) años, los terrenos de la Nación en la Comunidad de Tierra Prometida, cercana al Hospital Nicolás A. Solano en la Chorrera.La denuncia fue presentada por víctimas de la acción arbitraria y abusiva y fue acompañada por un grupo de abogado de la Comisión de Derechos Humanos de FRENADESO, en la denuncia se solicita al Procurador inicie una investigación respecto a los hechos ocurridos en los terrenos de Tierra Prometida, en donde un contingente de cerca de 400 miembros de la Policía Nacional, incluyendo Fuerzas Especiales, ejecutaron un violento desalojo a los ocupantes de los terrenos de propiedad de la nación, sin que mediara orden escrita ni autorización de destrucción de su vivienda.
Los fundamentos de la denuncia que fue recibida en debida forma en la procuraduría son los siguientes:
Las víctimas denunciantes solicitan que se investigue la violación de sus Derechos Humanos, establecidos y garantizados en la Constitución Política de la Nación y en Convenios Internacionales de Derechos Humanos, verificados en los ACTOS VIOLENTOS DE DESALOJO EN CONTRA DE POBLADORES ocupantes de predios ubicados en la comunidad de Tierra Prometida en el Corregimiento de Playa Leona, distrito de la Chorrera los días 22 y 25 de octubre de 2021.
Los denunciantes establecen que sus familias en ejercicio de nuestros Derechos Humanos fundamentales de la vivienda digna, ocupamos un globo de terreno, en donde construimos nuestras viviendas y establecimos nuestro hogar, aproximadamente 200 personas; los terrenos sobre los cuales construimos nuestra vivienda son de la Nación y susceptible de titulación por vía del ejercicio del derecho posesorio, al momento en que ocupamos estos terrenos y construimos nuestras viviendas, los mismos se encontraba baldíos y ociosos.
Se denuncia que el Ministro de Vivienda Rogelio Paredes por órdenes verbales impartidas públicamente, a través de los medios de comunicación, inició una campaña de intimidación y amenazas en contra de las más de 200 familias que ocupaban terrenos de la Nación, estas acciones de intimidación y amenazas consistía en que, sí los ocupantes no abandonaron los terrenos, él en su condición de Ministro, procedería a ordenar el desalojo por la fuerza de todas las personas que nos encontrábamos en los terrenos, esto incluía derribar nuestras viviendas.
Ante el hecho de que la comunidad se encuentra ocupando terrenos de la Nación en la Comunidad de Tierra Prometida, solicitamos se nos reconociera el Derecho Humano a la Vivienda en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política, que establece que el Estado debe garantizar el derecho social a la Vivienda de toda la población, sobre todo a los sectores de menos ingresos, como lo somos todos los que ocupamos terrenos de la Nación en la comunidad de Tierra Prometida.
El Derecho Humano a la Vivienda, también está garantizado en Convenios Internacionales de Derechos Humanos de los cuales Panamá es parte signataria y en virtud de ello, está obligado a su cumplimiento.
Las amenazas vertidas en contra de los ocupantes, se hicieron realidad el 22 de octubre de 2021 cuando a las 3:30 de la madrugada, llegaron a la comunidad de Tierra Prometida un contingente de aproximadamente 400 miembros de la Policía Nacional en arreo de combate, portando armas de fuego, rodearon nuestras viviendas, que a las 7:00 am de ese mismo día, se apersonaron al lugar funcionarios públicos, representantes de distintas instituciones del Estado, acompañados de cuatro jueces de las Casas Comunitarias de Paz, entre los cuales están los de Corregimiento de Playa Leona y Barrio Balboa, del Distrito de la Chorrera, quienes con su presencia avalaron los actos de desalojos violentos y represivos ejecutados en nuestra contra y 200 personas más que nos encontrábamos en nuestras viviendas, junto con nuestra familia entre los cuales se encontraban niños menores de edad.
Los actos de represión y violencia desmedida por parte de agente del Estado, incluyeron golpes a las personas que rehusamos a desalojar nuestras viviendas, también utilizaron bombas lacrimógenas, golpearon a personas con la vara policial y gas pimienta de manera indiscriminada, incluyendo disparos con balas de gomas, lo que causó graves lesiones a muchos de los ocupantes de estas viviendas.
Los moradores, en la denuncia solicitaron a las autoridades a cargo de la acción de desalojo, las órdenes por escrito en que sustentaban la acción de desalojo, sin embargo, ninguna de esta, presentó órdenes en que se fundamentaban sus acciones.
Es importante destacar que los moradores advierten que la acción ejecutada de manera abusiva, no está precedida de ningún proceso administrativo ni judicial que garantizaran a los ocupantes de los terrenos de la nación el ejercicio del derecho a defensa y del debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la Nación.
Las acciones que solicitamos sean investigadas por el Ministerio Público incluyeron la violación de nuestro domicilio infringiendo lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, y nunca estas personas presentaron mandato por escrito de la autoridad competente para entrar y allanar nuestras viviendas.
Los abusos de las personas que fueron víctimas de los actos de desalojo violento incluyeron derribar vivienda sin permitir que sus ocupantes tuvieran la oportunidad de sacar sus bienes muebles, esto incluye lavadora, estufas, muebles de comedor y de salas, camas, televisores, en general todos aquellos bienes básicos que las personas poseen para vivir incluyendo, sus vestidos y enseres personales. Esta acción no solo fue arbitraria y salvaje, sino que desconoció los procedimientos mínimos de respeto a la dignidad y salud de personas en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo como lo fueron niños e inclusos recién nacidos, mujeres en estado de embarazo, personas discapacitadas y de la tercera edad, en contra de todas estas personas, se ejerció violencia y maltrato indiscriminado utilizando maquinaria pesada para derribar su vivienda, por parte de los agentes del Estado panameño, quienes sin mediar un procedimiento de respeto a su dignidad fueron reprimidos y desalojados a la fuerza de sus viviendas exponiendo su integridad física, sin que mediara orden escrita de autoridad competente.
Las víctimas denunciantes solicitan en atención a los hechos ocurridos el 22 de octubre que los delitos se investiguen y se imponga a los denunciados, la sanción penal respectiva, además, que se nos admita la presente formalización de denuncia.
La solicitud de investigación busca se determine lo siguiente:
- Si contra los ocupantes de los terrenos de la Comunidad Tierra Prometida en el Corregimiento de Playa Leona, se inició algún proceso judicial o administrativo en donde se ordena el desalojo, en caso de que exista determinar si el mismo dio derecho a los ocupantes a ejercer su defensa en base al debido proceso.
- Determinar si el juez de Paz del Corregimiento de Playa Leona o de Barrio Balboa del Distrito de la Chorrera, y los estuvieron presente en el acto de desalojo, expidieron órdenes de lanzamiento por intruso en contra de los ocupantes de los terrenos de Playa Leona y si expidieron órdenes de allanamiento y destrucción de las viviendas de los ocupantes.
- Determinar quien dirigió por parte de la Policía Nacional, el operativo militar de desalojo de los ocupantes de las viviendas en la Comunidad de Tierra Prometida y quien giró la orden en que se sustentó el operativo, esto incluye qué tipo de arma se utilizaron para ejecutar el desalojo.
- Determinar en la investigación si el Ministro de Vivienda giro ordenes verbal o escrita para ejecutar la orden de desalojo contra los ocupantes en Tierra Prometida.
- Determinar en la investigación que instituciones pública además del Ministro de Vivienda, intervinieron en la ejecución del desalojo de los ocupantes en Tierra Prometida y cuál fue el papel desempeñado en las acciones.
Es importante recordar que los terrenos de la Nación de donde fueron desalojados violentamente los ocupantes, se encuentran siendo investigado por el Ministerio Público por un posible acto de corrupción por parte de un particular que sin derecho posesorio alguno, le fue reconocido un título de propiedad sobre una parte de estos terrenos.
El hecho de una violación de los Derechos Humanos de ciudadanos que no les garantizan una vivienda digna se agravan cuando un particular adquiere ilegalmente la titularidad de estos terrenos.
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