Fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un grupo de manifestantes se registraron este lunes en la Plaza 5 de Mayo, frente a la Asamblea Nacional de Panamá, durante la segunda semana de protestas para exigir la derogación de un contrato que permite a una minera canadiense extraer y vender cobre y otros minerales por los próximos 20 años en una extensa zona al norte del país.

De acuerdo con los medios locales, se han escuchado explosiones y disparos de advertencia: las personas que estaban en el lugar manifestándose en rechazo al contrato minero, incluso con acciones de protesta artísticas, salieron corriendo en estampida hacia las estaciones de transporte público.

El pasado fin de semana las marchas se saldaron con múltiples heridos y represión de las fuerzas del orden, que los manifestantes calificaron de «brutal». El viernes, el presidente del país, Laurentino Cortizo, emitió un decreto que rechaza futuras concesiones mineras con Minera Panamá, la filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), sin embargo, esto no detuvo al pueblo, que volvió a salir a las calles por el descontento generalizado.

En este contexto, el Tribunal Electoral de Panamá (TEP) informó este lunes que «no hay condiciones» para realizar la convocatoria solicitada por el presidente Cortizo sobre un referéndum consultivo de carácter vinculante que permita decidir la derogación o no de la Ley 406 y el contrato firmado con Minera Panamá.

A través de un comunicado y rueda de prensa, el pleno del TEP informó que la «solicitud planteada» por Cortizo, «implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la elección general» pautada para el próximo 5 de mayo de 2024, evento que mantiene a esa institución preparándose «desde hace dos años».

El mencionado contrato, además, es la extensión de un acuerdo firmado entre el Estado y la empresa canadiense en 1991, que tiene antecedentes de inconstitucionalidad.

En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional ese primer contrato minero, en respuesta a una demanda del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), presentada en 2009. Luego, en 2021, la Corte ratificó el fallo tras rechazar seis recursos contra su sentencia.