En marchas por las principales arterias del occidental territorio fronterizo con Costa Rica, los pobladores recuerdan que entonces unos cuatro mil trabajadores bananeros fueron reprimidos salvajemente por el ejército y la policía, mientras se manifestaban contra la Ley 30 (llamada Ley Chorizo) promovida por el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Fungía en ese tiempo como ministro de Seguridad José Raúl Mulino, actual presidente de la República, quien ordenó acciones similares como la operación Omega para despejar vías bloqueadas y un estado de urgencia para aplacar protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, también con el uso excesivo de la fuerza pública.

Muchos de los manifestantes actuales son familiares cercanos de aquellos que hace 15 años quedaron ciegos durante la represión ejercida por Mulino y que ahora , vuelve a enfrentarlos con mano aún más dura, señalaron.

El pasado 20 de junio el Ejecutivo suspendió por 10 días garantías fundamentales como derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa; además de los servicios de internet y telefonía móvil, lo que recibió el rechazo de buena parte de la población.

En la práctica, el jefe de Estado, su ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, habilitaron detenciones sin orden judicial ni explicación, la suspensión del hábeas corpus- que después se vieron obligados a restituir-; allanamientos arbitrarios, control sobre dispositivos electrónicos y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas.

Sobre esta situación, integrantes de la Comisión Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá y el Observatorio Panameño de Derechos Humanos viajaron a Bocas del Toro y se entrevistaron con familiares de los manifestantes y moradores de comunidades indígenas que fueron afectadas por la incursión violenta de agentes del orden que lanzaron gases lacrimógenos, allanaron viviendas y detuvieron de manera arbitraria a personas.

Uno de los activistas de estos colectivos, el abogado Jorge Guzmán, precisó a Prensa Latina que han reunido suficiente material audio visual y testimonios que involucran a las unidades antimotines y especiales de estos atropellos, incluidas torturas y desaparición forzosa, delitos penalizados como crimen de lesa humanidad que no prescribe.

Guzmán agregó que con todas estas evidencias interpondrán ante la justicia los hechos y los responsables de la brutal represión deberán ser sancionados, además de otras acciones legales ante organismos internacionales.

mem/ga

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