El articulista Ramiro Guerra recordó en ese rotativo que Richardson llegó a decir abiertamente que Estados Unidos ve a la región como un gran suministrador de minerales estratégicos para su país y geopolíticamente no pueden prescindir de esa riqueza que la consideran como propia.

A juicio del estudioso, ello augura futuras intervenciones incluso en los procesos políticos en marcha (elecciones generales de 2024), sin que los gobiernos de turno genuflexos se pronuncien al respecto.

Sin embargo, Richardson fue clara ante la prensa al señalar que el plan de dos meses anunciado en abril pasado entre Panamá, Estados Unidos y Colombia para frenar el auge del flujo de viajeros ilegales por la selva de Darién aún no ha terminado.

En ese sentido confirmó que se mantiene el aporte estadounidense de formación militar y equipamiento contra el tráfico de personas y el crimen organizado.

En lo que va de año, más de 170 mil personas han cruzado la jungla con rumbo a Estados Unidos, pero en su mayoría, sobre todo menores de edad, enfrentan numerosos peligros y hostilidades de la naturaleza, ataques de animales salvajes, falta de agua potable o bandas criminales que los extorsionan.

Richardson admitió que el apoyo que están brindando es sobre todo “el desarrollo de la capacidad institucional, el entrenamiento con las fuerzas de seguridad”, una labor que sus equipos de la Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad y de Asuntos Civiles llevan a cabo tanto en Colombia como en Panamá.

Sobre el equipamiento trascendió la entrega en mayo pasado de 63 Jeep con sus respectivas piezas de mantenimiento, valorada en ocho millones de dólares para uso exclusivo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, pero esa cifra ahora se elevará a 84.

De otra parte, Richardson negó que estén suministrando armas, aunque reiteró los ambiciosos objetivos del plan de 60 días para enfrentar la migración irregular de “acabar con el movimiento ilícito de personas” a través del Darién, que “conduce a la muerte y a la explotación de personas”. El programa incluyó además nuevas vías legales y flexibles para decenas de miles de caminantes como alternativa a la migración irregular, como son los centros de regulación en Guatemala o Colombia, y un plan para reducir la pobreza y mejorar las oportunidades económicas en las comunidades fronterizas.

Para organizaciones populares, como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, la presencia de Richardson es otra expresión de injerencias en los asuntos internos.

Esa política, aseguran, no ha resuelto el problema; pues solo en los primeros cinco meses del año, más de 166 mil migrantes atravesaron la jungla, un número cinco veces superior al mismo período del año pasado.

Además, en la primera quincena de junio, 12 mil 333 migrantes cruzaron la selva, frente a los 15 mil 633 del mes completo de 2022 y los pronósticos son que en total la cifra llegue a más de 400 mil antes que concluya el año.

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