El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Otro aspecto relevante es que, a minutos del anuncio del fallo constitucional, el presidente de la república procedió a dar un discurso en que, entre otras cosas, nombró a Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y vinculado a la Empresa Constructora Urbana, S.A (CUSA), como comisario de puertos. Esta empresa, vale recordar, participó el consorcio para la ampliación del Canal, el que luego demandó a la ACP, y ahora tiene intereses en la construcción de un pretendido puerto en el área de Corozal, inversión que saldría de la ACP pero que manejaría privados, entre ellos, el mismo exadministrador.
La empresa que le tiene el ojo puesto a los puertos es; el Conglomerado Black Rock, el mismo que está detrás de la reapertura de la mina de Donoso, cuya concesión, la de First Quantum Mineral, Ltd. fue declarada inconstitucional hace 26 meses atrás. Sin embargo, el gobierno no ha ejecutado aún el fallo, dado que en el caso de la mina, no encuentra el camino para su ejecución y que no se vulnere o se desacate las decisiones de nuestra principal corporación de administración de Justicia, mientras que es rapidísimo en el caso reciente fallo de los puertos.
Es importante señalar que, los otros contratos de concesionarios de puertos en el Pacífico y el Atlántico deben ser sometidos al escrutinio constitucional porque los mismos pagan aún menos que lo que pagaba Panamá Ports, además de la diferencia que, en el contrato de Panamá Port, la República de Panamá era dueña del 10% de las acciones y participaba del reparto de sus ganancias, hecho que adolecen el resto de los contratos de concesión portuarios que son absolutamente leoninos.
Los Estados Unidos a través de su gobierno y en aplicación a intereses geopolíticos ha metido la mano en esta decisión porque no aceptan la presencia China en el Canal y los puertos, por lo que insisten en que Panamá no pueda negociar con cualquier país, excepto con ellos, Esto a pesar de que CK Wampoa Hutchinson administra puertos en muchas partes del mundo entre ellos, Puerto de Felixstowe como el más activo y el Puerto de Harwic, los más importantes puertos de Inglaterra pero en ellos EE.UU no manifiesta su interés de liquidar su presencia, sino solo en Panamá, la cual consideran con sumo irrespeto, su traspatio.
El Puerto de Balboa, mientras tanto, ha sufrido muchas inversiones de las cuales el 50% son de propiedad de la república de Panamá, de modo que una nueva concesión debe hacerle justicia al país o de otro modo el Estado debe asumir la administración, operación y manejo de dichos puertos como ocurre en muchos países del mundo, porque hay que recordar que los puertos están amparados por el artículo 258 de la Constitución nación y no pueden ser objeto de apropiación privada, solo concesionados por un término específico de tiempo y luego deben regresar al país con todas sus mejoras porque el Estado panameño es el único propietario.
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