LA CORRUPCIÓN: LA PIEDRA EN EL ZAPATO

Lic. Víctor Collado S.

La percepción ciudadana ha colocado en sus altos niveles de preocupación, el fenómeno de la corrupción. Y aunque la impresión general considera que la corrupción más grave ocurre en el gobierno, probablemente porque es la mas publicitada, la verdad que nos revienta en el rostro de cada uno de nosotros apunta que la corrupción igual cunde en el sector privado, y que prevalece en ambos casos el denominador común de un corrupto y un corruptor en una escandalosa coincidencia delictiva.
Esto hace fácil entender el por qué este delito tiene raíces por doquier y proyección mundial.
Atacar la corrupción incumbe a la necesidad de limpiar el entorno nacional para contribuir a la salud pública, y el de mejorar la imagen del País como territorio en el que todos, (propios y extraños) deben y pueden confiar para vivir, visitar y hacer negocios.
Para este combate las autoridades constituidas están armadas por lo que dispone las leyes nacionales y los compromisos internacionales contraídos por Panamá.
Todo lo anterior viene a cuento por un Proyecto de Ley que el Procurador de la Nación ha presentado en la AN. Según la Exposición de Motivos, la iniciativa se enfoca en los delitos contra la Administración Pública a fin de aumentarles las penas con la idea de alentar una efectiva disuasión y que el aumento en el castigo genere confianza en la ciudadanía de que existe una política de persecución contra conductas lesivas al patrimonio y bienes públicos.
La corriente doctrinal que descansa en el aumento de las penas para el logro de los fines a que se refiere el Procurador Gral. es una vieja costumbre de los administradores de justicia y de los legisladores. Ese recurso es un camino fácil y cómodo pero cuya efectividad no ha sido tan convincente como para que se siga insistiendo en ella, y peor si se prescinde de otros factores que son indispensables.
Ejemplos recientes son las Leyes 474 de 24/6/25 sobre delitos sexuales y la No. 476 de 26/6/25 sobre hurto pecuario.
Esa política lleva al error de sobrepoblar las cárceles con todo tipo de consecuencias negativas.
Contiene, por añadidura, un desenfoque porque el clamor ciudadano no es tanto por la pena a imponer, sino por la falta de certeza para cumplir con el castigo impuesto. A falta del castigo efectivo, surge la impunidad lo que, a su vez, provoca indignación en la opinión pública. De esto sigue que el aumento de las penas, contrario a la percepción del Procurador, no insinúa confianza alguna en torno a una política seria y científica contra la corrupción.
Si uno de los fines de la pena es la resocialización del sentenciado, ese aspecto en Pma. llega a nivel de una ilusión porque nuestro calamitoso sistema penitenciario perfecciona al delincuente y nada hace para regenerarlo.
Y si no olvidamos que los actos de corrupción contra la Administración Pública son, generalmente, hechura de los delincuentes de cuello blanco, los aumentos de pena es lo más parecido a un chiste malo, y en el mejor de los casos «carne en el asador» para tráfico de influencias, manejos políticos o intercambio de favores.
Cualquiera cosa que pidiéramos imaginarnos resultaría lógica, menos para considerar que los aumentos de penas contribuyen, por si sólos, para espantar la comisión de delitos contra la Administración Pública.