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Organizan Otro golpe de Estado en Bolivia.|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

A tan solo dos años del Golpe de Estado de Jeanine Áñez y a un año de asumir el nuevo gobierno de Luis Arce, surgido de las urnas, las fuerzas golpistas se han reorganizado y desconociendo el Estado de Derecho intentan desde hace quince días, subvertir el orden constitucional y desconocen abiertamente el gobierno decidido por el pueblo.

Está fresca la sangre de los que murieron en el Alto, en donde el Gobierno golpista, usó a las fuerzas armadas para acallar varias protestas en diversas ciudades del país y, desde entonces, la Administración de Añez, violó sistemáticamente los derechos humanos de miles de bolivianos. Esta es la conclusión del reporte ‘Nos dispararon como animales’: noviembre negro y el Gobierno interino de Bolivia, presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. El estudio profundiza en la violencia en la que el Estado participó tras la salida del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

El reporte documenta dos manifestaciones apenas unas horas después de que Áñez asumiera la presidencia interina. La primera, el 15 de noviembre en el municipio de Sacaba, en la zona cocalera del Chapare, en la que 11 civiles murieron y 120 sufrieron heridas; y otra protesta el 19 de noviembre en el distrito de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la que fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas. El reporte señala que tanto los fallecidos como los heridos eran civiles desarmados, principalmente de origen indígena, que fueron atacados por policías y militares. “Desde el primer día hubo indicios de una conducta autoritaria”, cuenta Thomas Becker, uno de los investigadores, de ese informe de hace un año atrás.

A partir de esas dos protestas, apunta el estudio, se produjeron una serie de violaciones de derechos humanos contra la población en Bolivia. Por un lado, el Gobierno ha reaccionado violentamente contra los manifestantes que se oponen a Áñez y que son partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. En algunos casos, el Estado ha patrocinó a grupos de civiles, conocidos como motoqueros, para agredir a los simpatizantes de Morales. El reporte también señaló que las investigaciones judiciales padecen obstrucción y la libertad de expresión no estuvo garantizada en el país andino, tras diversas agresiones a periodistas críticos del Gobierno interino de ese entonces.

“Desde los asesinatos de Sacaba y Senkata, el Gobierno interino seguió persiguiendo a las personas que percibe como opositores de la Administración de Áñez”, señala el estudio. El reporte también apunta que desde noviembre de 2019 al menos 100 políticos del MAS han sido detenidos y el Gobierno mantuvo bajo investigación a 600 exfuncionarios de la Administración de Morales. Está, por ejemplo, el caso de los seis colaboradores de Evo Morales que permanecieron refugiados en la Embajada de México en La Paz, a la que la policía boliviana no dejó de vigilar desde finales del año 2019.

Becker, que lleva más de 15 años estudiando las condiciones de derechos humanos en Bolivia y que fue uno de los promotores del juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, señala que las agresiones que cometió el Gobierno de Áñez no tienen precedentes desde que el país latinoamericano es una democracia. “A nosotros no nos importa si el Gobierno es de derecha o de izquierda, no pueden matar civiles, no pueden llevar a la cárcel a personas que tienen un punto de vista distinto, no pueden cerrar estaciones de radio y televisión porque los critican, y este es el tipo de conducta que mostraron”, explica.

Pero dos años después del cruento golpe, el Gobierno boliviano que dirige Luis Arce Catacora, enfrenta a una oposición política que, con el apoyo del empresariado de Santa Cruz, intentan tumbar al gobierno legítimo y subvierten el orden porque, como ellos no controlan el gobierno, en un arranque de que si ellos no dirigen el barco, están dispuestos a hundirlo”.

Las fuerzas democráticas del mundo deben estar alertas ante estas amenazas que no tienen ningún fundamento que no sea el envalentonamiento de un sector social que se resiste a vivir en democracia y que apela al golpismo y dicen que cuentan con el apoyo de influyentes fuerzas en USA y en organismos como la OEA, que fueron los autores del golpe de hace dos años atrás.

¡Así de sencilla es la cosa!

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