Editorial

 

Con preocupación, pero también con esperanza y un optimismo cauteloso, el pueblo panameño espera que al final de esta semana, la decisión de la Corte Suprema después de haber cumplido con el estricto procedimiento legal y respetando los términos de Ley, adopte la decisión sobre la inconstitucionalidad del artículo 1 del proyecto de Ley 406 de 20 de octubre de 2023 que, aprueba el contrato de concesión minera de la mina Cobre Panamá, que fue publicado en la Gaceta Oficial de Panamá el 20 de octubre de 2023, tras su aprobación en la Asamblea Nacional y sanción por el Presidente de la República en una velocidad inusitada.

Existe una desconfianza en la decisión de la Corte por muchas razones, entre ellas el hecho que la mayoría de los magistrados han sido nombrados por este gobierno, el mismo gobierno, cuyos ministros tienen empresas que, a su vez tienen, sin ningún empacho, contrato con la empresa minera, según sus propias confesiones, para construir edificaciones en las instalaciones que ocupaba ilegalmente esa empresa en Panamá, es decir que contrariando los más elementales criterios de ética y moralidad quienes son parte del gobierno, son personas que representan intereses de la empresa, generando un claro conflicto de intereses que, sin embargo, no lo reconocen aunque sea ampliamente evidente y notorio a la luz de toda la nación.

El dinero también es otro elemento que la empresa ha utilizado para comprar los servicios de los medios locales, incluso a las principales firmas de abogados y no nos extraña que logre la empresa, aturdir con millones, la conciencia de algunos, a una Corte que se ha visto envuelta en el descrédito, porque sabido es que, Don Dinero puede lograr fallos absurdos, porque hay quienes la traición a la patria no los sonroja.

A pesar de todos los aspectos negativos, tenemos un optimismo cauteloso y pensamos que, una decisión en estricto derecho no debe dejar dudas de los innumerables aspectos que dentro del contrato lo hacen contrario a nuestra constitución y por tanto inviable jurídicamente.

Después de la decisión, el pueblo panameño unitariamente, se avoca a la ejecución de ese fallo, en tanto y en cuanto esa decisión no sea ilusoria, como ha ocurrido con otros fallos anteriores de la misma materia y por la misma corporación de Justicia.

¡Así de sencilla es la cosa!

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