Editorial 

En la Asamblea Nacional dentro del proceso de instalación de las comisiones permanentes, fue invitado por el Secretario General el magistrado Alfredo Juncá del Tribunal Electoral. A simple vista su presencia no debe ser objeto de cuestionamiento, sin embargo, hay un trasfondo ético que fundamenta un rechazo a tal maniobra. El hecho es que el magistrado Juncá está por cumplir su periodo constitucional de diez años y la finalidad de su presencia, no es otra que permitirle hacer lobby con los diputados en busca de una reelección. Pero hay algo más siniestro en la condescendencia del Secretario de la Asamblea Nacional, que se traduce en nepotismo inverso. La esposa del Secretario ocupa un alto cargo en el Tribunal Electoral y la esposa del magistrado Juncá trabaja directamente en Secretaría General de la Asamblea Nacional. Sin duda, esto también se traduce en un tráfico de influencias, de autobeneficio.

La sociedad panameña no soporta los malabares que terminan por enrarecer aún más, el clima de desasosiego generado por la rampante corrupción que se pretende apropiar absolutamente de la trémula y agónica institucionalidad que nos pone al filo de la desgracia nacional a los panameños, especialmente los menos privilegiados.

No es la izquierda la que alimenta y estimula la debacle nacional, son los actos de un gobierno de derecha que, dejando de lado el buen actuar, la decencia, el decoro y la dignidad, se ha avocado y se deleita en revolcarse en la laguna estigia de la corrupción y la deshorna y en maltratar a un pueblo que no merece tal destino cruel y perverso.