El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José de la Rosa Castillo
Hace diez años, un 3 de abril de 2016, casi 400 periodistas y hasta 100 medios de 76 países filtraron información de documentos confidenciales de compañías, personas, fortunas de poderosos, presidentes, monarcas y ministros, que se encontraban inscritas en los denominados “Paraísos Fiscales”. La filtración de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados ubicada en Panamá, “Mossack & Fonseca”, fue el inicio de una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los “Panama Papers”o mal llamado Papeles de Panamá fueron considerados un proyecto periodístico sin precedentes que puso la evasión fiscal en la agenda pública mundial.
El nombre del escándalo («Panama Papers») fue profundamente injusto al estigmatizar a todo un país por las acciones de una sola firma de abogados privada (Mossack Fonseca) y, lo que es más grave, por un sistema financiero global cuyas fallas no se originaron en Panamá. El 75% de las sociedades mencionadas en la filtración no eran panameñas. Estaban registradas en otras jurisdicciones (como Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Seychelles).
Aún así, el mundo asistió a lo que parecía el acta de defunción del secretismo bancario “offshore”. La investigación contribuyó a la caída de líderes políticos en Islandia, Pakistán y otros países, y desencadenó detenciones, nuevas leyes e investigaciones gubernamentales en docenas de países de todo el mundo, y que prometía una reconfiguración ética del capitalismo global. ¿Cuánto ha cambiado el sistema desde allá, o sólo fue una mutación para sobrevivir?.
Desde 2016, hemos visto una proliferación de listas negras, registros de beneficiarios finales y el fortalecimiento del intercambio automático de información. Si bien estos mecanismos han dificultado la evasión «rudimentaria», el ecosistema financiero ha demostrado una plasticidad asombrosa.
Mientras algunas jurisdicciones tradicionales cedieron a la presión de la OCDE, nuevos nodos de opacidad surgieron en lugares inesperados, incluyendo ubicaciones dentro de países occidentales que critican el modelo offshore hacia afuera, pero lo protegían hacia adentro.
La descentralización financiera y el uso de activos digitales han creado capas de anonimato que los reguladores de 2016 apenas imaginaban. La “tokenización” de activos del mundo real permite hoy mover fortunas enteras con una trazabilidad que, aunque teóricamente posible en la blockchain, choca con la realidad de los «mixers» , que es un servicio que se utiliza para dificultar el rastreo de las transacciones de los blockchain; y las jurisdicciones no cooperantes en el ciberespacio. El desafío más crítico de esta década, no son los papeles, sino los códigos. Si en 2016 el poder residía en la posesión física de los documentos, en 2026 la autoridad informativa se ha desplazado hacia el “live-mining” (capacidad de extraer, procesar y analizar información de fuentes digitales) y el procesamiento de “Big Data” en tiempo real.
Lo que se promocionó como una cruzada ética ha derivado en una forma de “colonialismo fiscal”. Bajo la OCDE y el GAFI, los países en desarrollo han sido forzados a adoptar estándares de gobernanza financiera cuya implementación no solo es administrativamente costosa, sino que opera bajo una lógica de asimetría punitiva. Mientras naciones pequeñas son estigmatizadas en listas grises y negras —sufriendo un aislamiento que asfixia su competitividad exterior—, los grandes centros de poder global preservan sus propios ‘agujeros negros’ jurisdiccionales, permitiendo que estados federados y dependencias de ultramar funcionen como nodos de opacidad protegidos por el mismo sistema que sanciona a la periferia.
Este escenario configura una soberanía limitada, donde el derecho de un Estado a definir su modelo económico y su régimen tributario queda supeditado a consensos transnacionales en los que no participó como igual. El costo del cumplimiento (compliance) se convierte así en una nueva barrera al desarrollo: un tributo burocrático que los países en vía de desarrollo deben pagar para ser considerados ‘actores legítimos’ en un mercado financiero que, paradójicamente, sigue siendo diseñado y controlado por las mismas potencias que albergan el capital elusivo.
Las desigualdades persisten toda vez que la cantidad de riqueza no tributada que es del 0,1 % más rico oculta en paraísos fiscales, supera toda la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad, según un nuevo análisis de Oxfam. Ese mismo 0,1 % posee aproximadamente el 80 % de toda la riqueza no declarada en paraísos fiscales.
Al nacionalizar el escándalo estigmatizando a todo un país , el sistema financiero internacional logró desviar la mirada de sus propios epicentros de poder. No se podía juzgar al Estado panameño por el uso que terceros hicieron de sus leyes, mientras los verdaderos arquitectos de la elusión —bancos y despachos en el Norte Global— permanecen resguardados tras la marca de un país que puso el escenario, pero no escribió el guión.
A diez años de los mal llamados Papeles de Panamá, el enfoque crítico nos dicta que no basta con «limpiar» el sistema; hay que cuestionar la existencia misma de los regímenes de excepción. El futuro no pertenece a quienes logren cerrar el último paraíso fiscal, sino a quienes logren implementar una justicia fiscal global que no dependa de filtraciones heroicas, sino de una arquitectura de datos abierta y obligatoria.
2 Hay varios Likes:) Gracias...
