Ayer eligieron los diputados a un nuevo defensor del pueblo, en esta ocasión a una mujer.
La figura del defensor del pueblo fue creada en Europa, en el siglo XVI, concretamente en Suecia y significa el protector o comisionado para velar por el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y proteger a los ciudadanos frente al abuso de las autoridades.
En Panamá esa figura se creo en febrero de 1997, pero lo lamentable es que, el espíritu con que se creó esta institución, pronto fue distorsionada por las fuerzas que controlan el Ejecutivo y los defensores quedaron siendo, en vez de protectores de los derechos humanos de los panameños, en encubridores de los desmanes del Ejecutivo que, en los últimos tiempos han afectado en forma seria, sostenida y continua; los derechos, libertades y las garantías constitucionales que ampara nuestra constitución.
Así, una institución que debió ser noble y servirle al país, quedó siendo una entidad inútil, ineficaz, donde los diputados nombran a parte de sus copartidarios o amigos y familiares.
Las reclamaciones que, para la protección de derechos y garantías se interponen en esta institución, la falta de autoridad moral de los que allí la dirigen, terminan por cohonestar los abusos, incluso, no se respeta ni la protección legal de los propios funcionarios de esa entidad.
Es lamentable que, la clase política y los que detentan el poder político y económico en Panamá, se hayan dedicado a manipular trágicamente el destino de esta institución hasta convertirla en un órgano desprestigiado, sin valor y sin capacidad para proteger efectivamente a nuestros ciudadanos.
Ojalá con este reciente nombramiento, se cambie el paso firme de la corrupción, por el interés supremo de la sociedad, para rescatar esta hermosa entidad que ahora anda trémula, cercana a su fallecimiento y no resistiría que se continúe por el camino perverso de la sumisión y la indignidad, sin antes fenecer.