Esta sola arrogancia, tiene mérito suficiente para denunciarles penalmente, a los ocho que suscribieron y realizaron este abuso de las funciones públicas.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Cuando el corazón y la mente se endurecen, pueden llegar a tanta solidez como la piedra viva. Insensibles, nada los hace entender la realidad circundante de dolor y tragedia, sino que aúpan cualquier medida para agrandar el desastre.
Así está el Órgano judicial panameño, Compitiendo con los otros órganos del Estado a ver cuál le asesta mayor mal al sufriente pueblo panameño. Lo más grave e inaceptable es que ejerciendo ellos el control de constitucionalidad, dolosamente incumplen con el artículo 114 de la Constitución, que de manera imperativa establece que todo complemento a la jubilación debe hacerse por una Ley. Esta sola arrogancia, tiene mérito suficiente para denunciarles penalmente, a los ocho que suscribieron y realizaron este abuso de las funciones públicas.
Muchos esperamos que, ante la gravedad de la crisis económica, social y moral que atraviesa el país, de gobernanza, de imposición de acciones de gobierno sin consideración alguna a la sociedad y a la democracia, cuando la arbitrariedad se regodea, la violencia crece a niveles nunca antes vistos, como reflejo de la ausencia de justicia, teníamos esperanza de que habría todavía algún atisbo de sensatez en los que mandan y advertirían que no es posible seguir por el camino que transitamos que, han puesto irresponsablemente al país, al borde del precipicio.
Pensamos que, la Corte reaccionaría de su desatino y lejos de consolidar un privilegio insustentable del aumento del 40% de su salario y además, burlarse del país entero, dando apertura a un impresentable y grotesco privilegio de; unas jubilaciones especiales que, las finanzas públicas no pueden soportar y sólo a unos meses de la imposición de la Ley 462 de 2025 que, condena a la juventud panameña a pensiones de hambre en un futuro no distante, si en vez de estas propuestas egoístas e inmorales, hubiera destinado partidas de su presupuesto a nombrar nuevos jueces, darles estabilidad que, redunda en independencia judicial y crear nuevos tribunales para atender la grave situación de mora judicial existente, especialmente en los tres primeros circuitos del país.
Sin embargo, la situación se agrava cuando, nuestros tribunales no han enjuiciado ni mucho menos condenado, a los autores del latrocinio más grande de nuestra historia que, tiene casi dos décadas de continua y creciente existencia que, se ha surtido a todas sus anchas por la ausencia de una justicia oportuna y eficaz. Aquí solo están en las cárceles, los que han cometido delitos de poca monta, especialmente los sectores populares.
Esta Corte timorata para administrar justicia, es la que, en medio de la flagrante violación de los derechos y garantías fundamentales de los originarios, de los profesores y obreros del país y sus organizaciones sindicales y gremiales, guardó un silencio sepulcral y cómplice.
El país atraviesa por un momento histórico en donde la institucionalidad del estado es incapaz de poder contener y mucho menos orientar a la nación hacia una salida civilizada y es, en este dantesco escenario, en donde la justicia oportuna y bien administrada, puede coadyuvar a que nuestra sociedad encuentre el sosiego y la paz como fruto de la Justicia.
En estas azarosas circunstancias, el pueblo debe prepararse para salir a las calles en una gran marcha por la decencia y conquistar la paz, desde la movilización de todas las almas buenas que se resisten a ver morir la esperanza, la dignidad nacional y a ver agonizar la patria.
Dios, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros, así como ha estado en cada lucha de nuestro pueblo por la promoción de los más elevados valores de la raza humana.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
