El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Richard Moreno
La corrupción no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero su presencia persistente en los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ha debilitado significativamente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Comprender cómo opera la corrupción en cada uno de estos órganos no solo permite dimensionar su impacto, sino también identificar los puntos vulnerables del sistema que deben ser reformados con urgencia.
1. Poder Ejecutivo: El control de los recursos públicos
En el Poder Ejecutivo, la corrupción suele manifestarse a través del manejo discrecional de fondos públicos, la adjudicación irregular de contratos, el nepotismo y el clientelismo político. A lo largo de los años, Panamá ha sido testigo de escándalos vinculados a altos funcionarios, incluyendo presidentes, ministros y directores de entidades estatales.
Uno de los problemas estructurales más graves es la falta de transparencia en la contratación pública y el uso de partidas presupuestarias. Esto crea un terreno fértil para el desvío de fondos, el sobreprecio en obras y la creación de redes clientelares que debilitan la meritocracia. El resultado es una gestión pública ineficiente y centrada en intereses personales o partidarios, en lugar de responder a las verdaderas necesidades del país.
2. Poder Legislativo: Legisladores al servicio de intereses particulares
El Órgano Legislativo también ha estado en el centro de múltiples controversias por actos de corrupción. Entre las prácticas más comunes se encuentran el uso indebido de partidas circuitales, el nombramiento de «botellas» (funcionarios que cobran sin trabajar), y la creación de leyes orientadas a beneficiar a grupos específicos o proteger a aliados políticos.
Estas acciones no solo distorsionan la función original de legislar para el bien común, sino que también convierten a la Asamblea en un espacio donde las decisiones pueden estar condicionadas por favores políticos o económicos. La falta de rendición de cuentas y la escasa voluntad para autorregularse han profundizado la desconfianza pública hacia este poder del Estado.
3. Poder Judicial: La justicia como instrumento de poder
La corrupción en el Órgano Judicial representa quizás uno de los mayores peligros para la democracia panameña. Cuando la justicia pierde su independencia, se convierte en un mecanismo de impunidad. Casos que involucran a figuras políticas o empresariales de alto perfil a menudo quedan estancados o se archivan sin consecuencias, alimentando la percepción de una justicia selectiva.
Entre los principales problemas se encuentran las presiones políticas sobre jueces y magistrados, el tráfico de influencias, y las decisiones judiciales que parecen responder más a conveniencias que a criterios legales objetivos. Esto no solo debilita el Estado de derecho, sino que también deja a los ciudadanos sin una herramienta confiable para hacer valer sus derechos.
Conclusión: Hacia una cultura de transparencia y responsabilidad
La corrupción en los tres poderes del Estado panameño no es un hecho aislado ni producto de individuos únicamente. Es el reflejo de un sistema institucional con fallas estructurales profundas. Para enfrentarla, se requiere una ciudadanía vigilante, una prensa libre, y sobre todo, reformas que fortalezcan la transparencia, la independencia institucional y los mecanismos de control.
Combatir la corrupción no es una tarea exclusiva de las autoridades: es una responsabilidad compartida. Solo así será posible construir una democracia sólida, donde los poderes del Estado trabajen realmente en función del bienestar común y no de intereses.
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