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Un urgente llamado a los patriotas.|

Como un enjambre de moscas endemoniadas, cuando alguien toca al congo, así salieron los defensores oficiosos de Minera Panamá, como ejército de mercenarios, que con paga generosa, asumen tareas de exterminio en guerras ajenas, salieron en todos los medios y hasta en las redes sociales a descalificar a los que apelan la defensa del interés nacional y la reivindicación de nuestro patrimonio minero y por tanto un trato honorable, digno y justo para la república, vistos todos los dislates que la empresa First Quantum Ltd, ha cometido en Panamá, en donde ilegalmente ejerce la minería abierta y se ha llevado, sin contrato con la nación, el importe, reconocidos por ellos mismos, de más de cinco mil millones de dólares en Oro, Cobre y otros minerales de alto valor en el mercado.

Este negocio que, algunos miembros del gobierno nacional quieren apuntalar, sin que la república vea reconocidos sus derechos legítimos, puede convertirse en el escenario que genere una profunda crisis nacional que pudiera arrastrar incluso el destino del gobierno nacional.

Y es que, además, de la inexistencia de normativa legal alguna que regule la relación contractual de la extracción de mineral, de que algunos personeros del gobierno, incluyendo al ministro de Comercio e Industrias, lejos de emular a quienes ocuparon ese puesto en 1974, cuando la guerra del Banano, ahora se ensaya una peligrosa generosidad con lo ajeno, y se ha llegado a expresar que, el mineral no le pertenece al país, sino a quien lo extrae, en un desconocimiento inaudito de la normativa Constitucional contenida en el artículo 258 de nuestra Constitución Política, como norma suprema del país.

La absoluta negligencia con que se atiende este tema, a pesar de haber incorporado a negociadores con amplio reconocimiento ciudadano, no es menos cierto que, los mismos están sometidos a una burbuja de solo consejeros, cuyas consideraciones, no son vinculantes, según declaración de uno de ellos que frente a la dramática realidad ha procedido a renunciar con una apreciable dosis de dignidad.

Esta renuncia, por cierto, me hace recordar a la que, en su momento, hace quince años atrás, el hoy presidente de la república, ejerciendo como ministro de Desarrollo Agropecuario, al descubrir que el TLC de Panamá con EE.UU. contemplaba una carta secreta de la Jefa del equipo negociador de USA, con aspectos que no se habían consensuado y que le imponían al país, el levantamiento de medidas de seguridad en materia de sanidad animal, para facilitar las importaciones de productos norteamericanos, el hoy presidente, interpretando en ese momento el sentir nacional y de nuestros productores, presentó con hidalguía y sentido de honor patrio, su renuncia como ministro del gobierno de Martín Torrijos, palabra que no conjugaban desde hace rato quienes hacen parte del ejecutivo. Sus amigos, en ese momento, entre los que me incluyo, celebramos en esa ocasión, el reverdecer de la dignidad nacional.

Ese tratado se firmó y hoy se viven las consecuencias de haber negociado con ligereza y haber permitido descuidar el interés nacional.

First Quantum Ltd y Minera Panamá, su subsidiaria en este asunto, también ha sido acusada que violentar la constitución ya que, en el paquete grueso de acciones, existen cuatro Estados como tenedores de las mismas y esto lo prohíbe taxativamente nuestra Constitución Política.

Panamá no puede aceptar menos del 50 % de las regalías porque la empresa que extrae y procesa el mineral, ya sacó la inversión, por lo cual, si no aceptan el trato, deben cancelar su actividad, misma que no pueden realizar en el marco de un Estado de derechos, sino existe, como en efecto, no existe ningún instrumento jurídico que le ampare.

La Corte Suprema de Justicia, en un acto irresponsable, también supremo que, tiene visos de Cohecho, ha demorado más de tres años en resolver un traído recurso de aclaración de sentencia, cuando el texto de la misma es perfectamente claro, y mientras tanto el Estado pierde miles de millones de dólares que como daño que se ha configurado, y por la preeminencia del principio de derecho que expresa que; “todo el que causa un daño, tiene la obligación de repararlo”, deberían pagarlo de sus bienes personales y su patrimonio, quienes son los más altos magistrados del país por su manifiesta negligencia y al no resolver este negocio y rehusar publicarlo como mandata la Ley, en el periódico del Estado.

Deseo convocar a los patriotas a levantar nuestra voz y nuestros actos, porque algunos urgidos por el interés de sus alforjas, sin mayores consideraciones a nuestro interés y dignidad nacional, están dispuestos a descuartizar la res pública y rematarla, si antes no la rescatamos de tan impropio e indeseable destino cruel.

¡Así de sencilla es la cosa!

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