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Reforma de las pensiones y el mito del grado de inversión

Juan Jované

 

En su comparecencia del jueves 16 de enero los señores Mulino y Chapman nuevamente levantaron el mito de que, si no se reforma el modelo de pensiones de acuerdo al contenido del nefasto proyecto de Ley 163, la furia del dios Caos, con el apoyo de las calificadoras de riesgos, prácticamente dejará en ruinas la economía panameña.

En este mismo sentido se encuentra la publicación de La Cámara Opina del 19 de enero. En esta se propone en referencia al proyecto de Ley 163 que: “la aprobación de una ley sólida, viable y sostenible enviará un mensaje claro a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo: estamos asumiendo nuestra responsabilidad y tomando medidas concretas para estabilizar el sistema. La revisión de nuestra calificación de riesgo país está programada para abril, y este proyecto será un factor determinante en esa evaluación”. Desde luego que la Cámara de Comercio habla de la estabilización del actual sistema transitista que, si bien le ha servido a su acumulación incesante de capital y poder, ha significado una perversa distribución del ingreso, vinculada al desempleo, la informalidad y al colapso de los servicios públicos básicos.

Es bien claro que en el país existe un grave problema fiscal, el cual tiene que ver con el creciente déficit del llamado sector público no financiero. Comprender a fondo este problema resulta fundamental para ubicar con claridad las causas del mismo y las políticas públicas necesarias para abordarlas.

En primer lugar, es necesario recordar que un déficit fiscal se puede originar por dos motivos, los cuales, desde luego, pueden operar en conjunto: los ingresos insuficientes y los gatos excesivos.  En el caso de los ingresos no queda duda que un factor esencial para explicar el problema en Panamá es la enorme evasión y elusión de impuestos, practicada año tras años por el sector empresarial. Como es conocido, de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales disponibles, esta evasión y elusión fiscal es de B/. 7,832.1 millones anuales, suma que equivale al 10.2% del PIB.

Obviamente que a los señores Mulino y Chapman ni los jerarcas de la Cámara de Comercio toman este argumento en serio, ya que eso significaría una crítica certera de sus mezquinos intereses y acciones de corrupción. Se trata de un elemento clave para explicar la creciente deuda pública: en la medida que los empresarios evaden y eluden los impuestos generan una significativa falta de recursos para el Estado, lo que ha llevado a los gobiernos de turno a buscar esos recursos por la vía del endeudamiento público. Esto da lugar a un verdadero circulo vicioso de incremento de la deuda.

Otra causa importante del actual déficit fiscal se debe encontrar en los procesos de privatización promovidos por los sectores económicamente dominantes locales y externos, la que fue principalmente ejecutada por un gobierno dirigido por un conocido miembro del sector empresarial. Desde luego que otra causa es la rampante corrupción de los diversos gobiernos, incluido el actual, todos los cuales utilizaron para su triunfo electoral las jugosas donaciones del sector dominante empresarial.

Lo que busca el capital financiero externo, junto a las calificadoras de riesgos, que decididamente están a su servicio, así como los sectores económicamente dominantes, es lograr el manejo privado de los fondos de la CSS, tal como lo propone el artículo 65 del proyecto de Ley 163. A esto se agrega el deseo de desnacionalizar dichos fondos, los cuales serían colocados hasta en un 90.0% en el exterior, de manera que no sean útiles al desarrollo nacional democrático, con justicia social y sostenibilidad ambiental. Las cuentas individuales para las pensiones no solo facilitarán este proceso, sino que además junto al incremento de la edad de jubilación servirán para mantener a los trabajadores cotizando por más tiempo, con el fin de incrementar los fondos de la CSS que mantendrá en sus manos el capital financiero local y extranjero.

Lo peor del caso es que tanto el gobierno de turno como la Cámara de Comercio, se cuadran totalmente frente a los instrumentos del capital financiero, que ahora, buscan, como es evidente en el último documento del banco Morgan Stanley, que Panamá tenga una actitud genuflexa frente a las amenazas imperiales de Trump.

A la ciudadanía solo le queda el camino de luchar para lograr el rechazo total del proyecto de Ley 163, a la vez que se prepara para hacer avanzar un proyecto alternativo de desarrollo nacional soberano, democrático, con justicia social y plenamente respetuoso de los derechos de la madre naturaleza.

Panamá 20 de enero de 2025

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