No todos los celebraron. Cobre Panamá proporciona alrededor del cinco por ciento del PIB para esta pequeña nación de poco más de cuatro millones, y provee miles de empleos. La mina de fosa abierta, establecida en medio del Corredor Biológico Mesoamericano que conecta la vida silvestre a través de Centroamérica y el sur de México, también es una importante fuente de cobre necesaria en grandes cantidades para realizar la transición de energía limpia. Antes de dimitir tras el fallo judicial, el ministro de Comercio de Panamá, Federico Alfaro, predijo que la decisión cosecharía el caos económico, el desempleo y, sobre todo, una arremetida de reclamos internacionales de los inversores.

Este último está ahora en juego. First Quantum, el principal inversionista en la mina, anunció que tiene la intención de llevar a Panamá al arbitraje internacional por presunto incumplimiento del acuerdo de libre comercio concluido por el gobierno de Canadas Harper en 2013. Su filial panameña ha lanzado un arbitraje separado por el supuesto incumplimiento del acuerdo de concesión de 2023 (aprobado por Panamá en octubre, y declarado inconstitucional en noviembre). También han surgido de repente al menos tres demandas adicionales de inversores mineros contra Panamá, incluida una de Franco-Nevada, con sede en Toronto.

Panamá y las empresas deben ahora entrar en el mundo clandestino de los asentamientos de controversias estatales de los inversores (ISDS) en un sistema global poco conocido diseñado para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y naciones soberanas. Al llevar una disputa a ISDS, un inversionista extranjero busca hacer cumplir los compromisos asumidos por una nación a través de una ley, tratado o contrato. Los casos suelen ser resueltos por tres jueces, no jueces, sino abogados del sector privado, donde los inversores seleccionan uno, la nación elige otro, y un tercero es acordado por ambos. La disputa se resuelve entonces mediante una sentencia vinculante, que puede incluir indemnizaciones a los inversores.

Desde finales del decenio de 1980 se han conocido al menos 1.200 casos de arbitraje internacional, con un fuerte aumento tanto del número como del valor de los laudos entregados desde 2000. Las compañías extractivas en petróleo y gas y minería representan alrededor de un tercio de todos los casos, y los gobiernos de América Latina y África son blanco de ataques con mayor frecuencia.

Gus Van Harten, profesor de derecho en el Osgoode Hall de la Universidad de York y autor de cuatro libros sobre ISDS, dice que First Quantum intentará usar el proceso de arbitraje para probar que la Corte Suprema de Panamá violó el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Panamá. Si la mina está cerrada, la compañía quiere compensación por los miles de millones que afirma haber invertido hasta este momento, y probablemente mucho más. El artículo del billete grande será el reclamo de los beneficios futuros perdidos, que se destinará a un número muy grande, miles de millones, tal vez más.

Van Harten no cree que será fácil para First Quantum hacer su caso. Cuando estés atacando las decisiones de un país que emanan de la Corte Suprema, será mejor que tengas un maldito buen argumento.

First Quantum no respondió a los llamados para esta historia.

Sin embargo, lo que está en juego es enorme. Si un país pierde en el arbitraje, no hay escapatoria. Van Harten dice que el sistema internacional ISDS, a diferencia de la mayoría de lax-on-consecuesence, tiene dientes, tiene colmillos. Una vez que obtengas el premio, [los inversores] pueden básicamente comprar ese premio en diferentes países, buscando activos del estado, y entonces puedes perseguir y atacar esos activos para hacer el bien del premio.

Las partes pueden ir tras los préstamos bancarios de desarrollo y prácticamente cualquier otra cosa. Argentina tenía uno de sus barcos de la marina incautado mientras estaba atracada en Ghana, en nombre de un fondo de cobertura estadounidense. Van Harten dice que los tratados están escritos muy favorablemente para la protección de los activos de los inversores extranjeros, y son más generosos que cualquier cosa que se vea en la legislación nacional protegiendo los derechos de propiedad. Esto es derechos de propiedad para los inversores extranjeros en esteroides.

La historia reciente habla del poder del sistema ISDS ejercido por las compañías mineras canadienses, que representan un número desproporcionado de estos casos debido al dominio de Canadá de la minería internacional. Una empresa conjunta liderada por Torontos Barrick Gold Corporation llevó a Pakistán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial en 2011 después de que este último se negara a emitir un permiso minero para Reko Diq, uno de los mayores yacimientos de oro de cobre no desarrollados del mundo. En 2019, tres árbitros privados ordenaron a Pakistán pagar a la filial australiana de Barricks unos US$5.800 millones en compensación y una decisión de arbitraje separada habría llevado el laudo total a US$11.000 millones.

Estos asombrosos premios – equivalen al 40% del total de reservas de divisas de Pakistán en ese momento – incluían compensación por los beneficios futuros esperados, a pesar de que la inversión de la empresa conjunta en 2011 era de sólo unos 220 millones de dólares de los EE.UU.. Pakistán finalmente permitió que la mina continuara, y Reko Diq, que es propietario de Barrick en un 50%, comenzará a construirse en 2025.

Jennifer Moore, miembro asociada del Institute For Policy Studies, dice que los grandes premios ISDS pueden imponer un escalofrío a las acciones de los reguladores y los gobiernos para implementar adecuadamente las decisiones que se han tomado en interés de las personas y el medio ambiente.

Moore dice que la perspectiva de pagos y pérdida de soberanía está impulsando a algunos países ricos en recursos – incluyendo Brasil, Sudáfrica e Indonesia – para dar un paso atrás u optar por completo de los tratados y contratos con las disposiciones de la ISDS. Mientras tanto, los países europeos se han retirado en masa del Tratado multilateral de la Carta de la Energía de la UE, mientras que Canadá saludó recientemente la eliminación de ISDS, en la última renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como una victoria para la soberanía canadiense.

[Sevilla] le ha costado a los contribuyentes canadienses más de $300 millones en sanciones y honorarios legales, dijo la entonces ministra de Finanzas Chrystia Freeland en 2018 cuando Canadá anunció el acuerdo renegociado. El SUS eleva los derechos de las corporaciones sobre los de los gobiernos soberanos. Al eliminarlo, hemos fortalecido nuestro derecho de gobierno a regular en el interés público, a proteger la salud pública y el medio ambiente…

Incluso con esta conciencia, Moore dice que el respeto de Canadá por la regulación en el interés público no se extiende más allá de sus propias fronteras.

Canadá sigue promoviendo la inclusión de la ISDS en sus acuerdos comerciales en todo el mundo, con el fin de apuntalar los intereses de las corporaciones con sede en Canadá, sabiendo muy bien cuáles son las implicaciones de eso.

El pueblo panameño en las calles en rechazo a la actividad minera y al atraco de nuestro patrimonio minero.