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Presupuesto, contradicciones y política de choque

(Exclusivo de El Periódico)

Juan Jované

 

Los hechos recientes vinculados con la elaboración del presupuesto fiscal para el 2025, elaborado por el actual gobierno bajo el liderazgo del señor Chapman y el señor Mulino, muestra no solo la incapacidad técnica del mismo, sino, además, su esencia antinacional y oligárquica.

Esto es claro, pese a que, al menos en apariencia el intento de un drástico ajuste fiscal se haya desvanecido, generando críticas por parte de los voceros de los sectores dominantes. Este es el caso, del diario La Prensa, en que un artículo publicado el 27 de octubre se puede leer que “la promesa de un presupuesto conservador, prudente y responsable para el 2025 se fue al vacío”. Esto lleva a una necesaria pregunta: ¿habrá el gobierno de turno renunciado a su política de choque fiscal?

En realidad, la respuesta es que no. De las declaraciones del señor Chapman se hace evidente, que simplemente se estaría presentando un presupuesto ajustado a la legislación vigente, con el fin de aparentar un respeto a las Leyes y a la gobernanza democrática. Se trata de ganar tiempo para más adelante presentar, utilizando el Artículo 1 de la Ley Orgánica del MEF, un plan de contención del gasto, el cual permita volver a la ruta que se habría acordado con las Calificadoras de Riesgos, cuyo único interés es asegurar las condiciones para el pago puntual del servicio de la deuda externa.

No es para nada casual que el señor Chapman haya adelantado que “si los ingresos a lo largo del año no van a cubrir los gastos, entonces habrá que hacer los ajustes”. Tampoco es casual que él mismo haya señalado en el caso de la Ley del 7% para la educación y otras similares: “la solución es modificarlas para que funciones como deben”. De hecho, en las primeras presentaciones del proyecto de presupuesto, estas leyes simplemente se violaron de manera consciente. El señor Chapman ha afirmado que “la ley del 7% en educación está desconectada de la realidad y crea una inflexibilidad descomunal en el presupuesto”. Obviamente la educación no es una prioridad en el actual gobierno.

Por otra parte, pese a las reiterativas afirmaciones del señor Chapman del respeto a la democracia, sus declaraciones muestran en la práctica una actitud distinta. En efecto, cuando en entrevista del 27 de octubre (Knockout) se le preguntó la causa de que el señor Mulino hiciera referencia a un chantaje en relación a la aprobación del presupuesto 2025, el mismo contestó que “porque también había presión”. Luego cuando se le cuestiono de quien era esa presión dijo que “de la población, expresada en la Asamblea”. Es la típica respuesta de los neoliberales, como es el caso de Robert J. Barro en su libro El Poder del Razonamiento Económico (1997), que entienden que la democracia debe ser sumamente acotada, de manera que las presiones de la población por sus intereses económicos y sociales están fuera de lugar.  Siendo así, el señor Chapman cree en la democracia, siempre que está no toque los intereses de los sectores económicamente dominantes.

Si bien es cierto que el señor Chapman habla de reducir la evasión tributaria, lo cierto es que solo se refiere a la que tiene que ver con el ITBMS, nunca plantea el problema de la evasión y elusión del impuesto sobre la renta por parte del sector empresarial. Se trata de un olvido conveniente a los sectores económicamente dominantes si se tiene en cuenta que, según los últimos datos disponibles (2022), la evasión y elusión vinculada con el impuesto sobre la renta fue de B/ 6,053.8 millones, cifra equivalente al 7.9% del PIB, la que supera en 240.4% a la observada en el caso del ITBMS. El país no necesita simples “evangelizaciones trinitarias”, se necesita una mano fuerte que obligue a los evasores del sector privado a cumplir con las Leyes. Obviamente es difícil pensar que el gobierno pro – empresarial emprenda esta tarea con seriedad.

Se puede concluir que la política de choque sigue intacta, que simplemente se estaría dando una adecuación táctica en el proceso de su implementación. Enfrentar esta política es una tarea indispensable de la población.

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