Por: Ramiro Guerra. Abogado y Cientista Político.
Significa que, durante este periodo de la negociación, no teniendo la empresa la concesión de la explotación y comercialización del cobre y el oro, esa empresa no puede disponer de tales minerales. lo que coloca a Panamá, en una condición favorable en este escenario de la negociación, lo que deberá traducirse en un aumento de los 28 millones en concepto de utilidades, suma ridícula que paga la empresa a Panamá. igual pagar una suma considerable por un usufructo ilegal de nuestros recursos. Al igual que el cumplimiento de estándares como ocurre en otros países, que no afecten el ecosistema, menos la agresión de los derechos humanos de poblaciones colindantes, a la región donde se desarrolla la actividad.
El pueblo y los ciudadanos deben estar alerta sobre el curso de esas negociaciones. transparencia y más transparencia. nada de secretismo.
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