El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Enrique Avilés
La apuesta a sostener a toda costa la aprobación de un proyecto de ley que a todas luces va en detrimento de la seguridad social, condenando a las mayorías a jubilaciones de miseria, mientras sus fondos de jubilación enriquecerán al especulador sector financiero que ve la posibilidad de hacer negocio con plata ajena, no deja de ser temeraria por parte del ejecutivo y de los sectores dominantes, pues al no tener consenso en la población sólo se sostiene en un legislativo entregado al ejecutivo y en una potencial escalada policíaca de represión. Lo anterior, visto como una imposición, no mide el contexto en el que se plantea la coyuntura y parece más una puerta de invitación a entrar a una gobernanza de coerción, en detrimento de la propia democracia. Basta solo dar un vistazo al entorno que acompaña la ley 163.
Para ello es preciso tener presente que aunque el gobierno actual no tiene señalamientos de estar propiamente implicado en actos de corrupción de mayor significancia, tampoco escapa de la visión generalizada de ser participe de la misma, al dar positivo en los indicativos para medirla. Entre estos indicativos están los sobornos, desviación de fondos públicos y usos de fondos públicos para ganancia personal o de grupos económicos particulares, con la consecuente captura del Estado por estos grupos económicos particulares. En el caso de los dos últimos la población los ha resentido enormemente, pues la pasividad con la que el actual ejecutivo asumió qué los millones del contrato de la mina, públicamente comprometidos con el tema del salvamento del seguro social, desaparecieron sin explicación alguna es estremecedora para la visión general de la población, pues el que no persigue la corrupción solapadamente la está promocionando. El segundo indicador salta igualmente a la vista al entenderse que los fondos de los programas de la Caja de Seguro Social, si bien no son fondos propiamente de recaudación y presupuesto del Estado, no deben ser entregados libremente a la especulación financiera que crea recelo y desconfianza, más aún cuando queda de sobra entendido que entre los integrantes ejecutivos de la propuesta hay un marcado conflicto de intereses que se hace obvio al ver quienes representan esas firmas de seguros y entidades financieras que obtendrán lucro de esos activos o programas del seguro, Chapman, Mon y demás interesados en círculos estrechamente cerrados y vinculados entre sí. Este factor evidencia un indicativo que hace que la máscara caiga al piso y se rompa, pues indica que el Estado está secuestrado por poderes económicos, un indicativo nefasto pues pone en jaque la representatividad de una democracia, evidenciándola corrupta y dispuesta a sostener la inequidad social a favor de dichos grupos. Esto último, queda claro al comprender en la visión y sentir común que no es como dice el presidente que su gobierno es pro empresarial, sino que está secuestrado por ese sector y que ese sector define, tras bambalinas, los pasos y acciones de una economía a su conveniencia y en detrimento de las mayorías. A lo anterior se suma, como parte del secuestro, el nepotismo tanto clientelista/partidocrático como sectorial, para mejor muestra los últimos nombramientos en la junta directiva del Canal, todos vinculados al sector empresarial y pertenecientes a círculos cerrados con intereses personales y económicos, lejanos al sentir de cualquier funcionario meritocrático de carrera. Todo lo anterior con la obvia nota característica de corrupción de la falta de voluntad del gobierno de realizar investigaciones y castigos en actos de lesión patrimonial, sin dejar a un lado un flamante legislativo que, independiente o no, no sube la loma en la creación de leyes adecuadas para la revelación de información financiera y de funcionarios que brinden un real acceso público, ni mucho menos leyes de protección legal para denunciantes de actos de corrupción.
Es innegable que lanzarse en semejante escenario a imponer la ley es lo único que le queda a un ejecutivo que, capturado por el poder empresarial, juega su rol de agente para tratar de sacarlo de todas las listas negras, y de asegurarse que de mantenerse en las mismas su economía no entre en peligro garantizando que será el dinero de los asegurados la garantía de su supervivencia de clase. De lograr la imposición de esta ley mediante la pura y dura coerción y represión de las protestas con abusos policiales y procesos judiciales amañados se confirmará que la corrupción nos venció a todos y que la democracia está agonizando. Esto me recuerda que en la Alemania nazi de la década del ’30, los primeros en ser vistos como una amenaza terrorista a la democracia fueron los obreros, los sindicalistas y los sectores de izquierda, después los opositores políticos y luego ya no había nadie para protestar, en tanto que la defensa nazi de la democracia daba paso al más brutal de los totalitarismos en la historia de la humanidad. Dios salve al pueblo panameño de semejante destino.
El autor es historiador.
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