Por: Javier Calvo Corrella.
Contrato anterior incumplido por la minera y el actual negociado en secreto, razón por la cual se desconocen sus términos y alcances, creando justificadas suspicacias en la ciudadanía. Se plantea que gobiernos extranjeros son accionistas de la minera, lo cual es prohibido por la constitución.El fallo vigente e ignorado por la empresa y tolerado por las autoridades, se une a la otra posible violación de que otros gobiernos sean propietarios de parte de la minera. Además de estar operando ilegalmente.
Oportunidad de oro, para negociar un contrato, en donde la Empresa se ajuste a la ley, pague todo lo dejado de pagar, pague el agua, impuestos, ect.
Se negocie un porcentaje justo, de participación de las utilidades para el País.
En su defecto, crear un consorcio público privado, para una explotación racional y productiva, en beneficio de nuestra nación. Pensemos en Panamá.
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