El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Rekha Chandiramani
Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, compró al menos 59 fincas, la mayoría de ellas en el distrito de Donoso, provincia de Colón, que suman por lo menos 970 hectáreas con valor catastral de 717 mil dólares, monto que usualmente difiere del pagado realmente a los propietarios originales de dichas fincas, que en su mayoría obtuvieron los lotes amparados con derechos posesorios y a través de la reforma agraria. Otras de las fincas, en cambio, fueron compradas directamente a Petaquilla Minerals tras el secuestro que impusieron algunos proveedores cuando la empresa dejó de operar en 2013.
Las casi mil hectáreas registradas hoy bajo propiedad de Minera Panamá son adicionales a las 5,900 hectáreas que operan bajo la concesión, aunque la Ley 9 que amparaba dicha operación fue declarada inconstitucional y el fallo respectivo finalmente publicado en Gaceta Oficial el pasado 22 de diciembre. Así, la empresa ha titulado adicionalmente terrenos que representan en proporción el 7.5% de las 13,000 hectáreas originalmente concesionadas para la actividad minera, y un 17% del área que ha declarado afectar dentro de esa concesión.
La sociedad Petaquilla Gold, por su parte, conservaba hasta diciembre en el Registro Público al menos 9 fincas (6 en Donoso y 3 en La Pintada) que suman 3,011 hectáreas con un valor catastral que supera los 300 millones de dólares. Otra sociedad, Petaquilla Properties, tiene a su nombre dos fincas que suman 10 hectáreas en el distrito de Donoso.
La compra de tierras por parte de la minera no ha estado exenta de controversia, incluso acumula varias denuncias de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Por ejemplo, una de esas parcelas, la 429793, de un poco más de 70 hectáreas ubicada en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, fue adjudicada a través de la reforma agraria e inscrita en 2013 por un valor de 426 dólares. Solo dos años después, en 2015, Minera Panamá compra la finca a su propietaria, una panameña residente en Chitré con cédula de Los Santos. Otra finca de 47 hectáreas, la 398771, transferida también vía reforma agraria por 288 dólares, fue adjudicada a un colonense que inmediatamente después la vendió a Minera Panamá por 16,863 dólares.
Luego Minera Panamá solicita al Juzgado de Paz de Coclé del Norte, distrito de Donoso, el lanzamiento “por intruso de todos los ocupantes ilegales” de ambas fincas –la 429793 y la 398771– aduciendo que “hace tres meses se detectó una incursión ilegal de invasores”. A renglón seguido solicita la intervención de la policía “sin pérdida de tiempo” para la desocupación de los terrenos, para lo cual adjunta la certificación de propiedad del Registro Público.
Lo curioso es que ambas fincas aparecen registradas y adjudicadas después de 2010, a pesar de tener escuetas referencias de haberse inventariado antes de 1999. Ambas fincas fueron traspasadas bajo la reforma agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Lilian Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) -el organismo que demandó el contrato minero ante la Corte Suprema- describió el concepto e invasión como algo que usualmente se le atribuye solo a los pobres, pero recordó que “también hay invasión de capitalistas, empresas que ven un terreno y se lo toman; y si hay grandes familias, viene un poderoso y les dice véndeme tus derechos posesorios, y así acaparan(…)lo primero que le ofrecen a la gente es un instrumento de crédito de compra y venta, con eso te están diciendo claramente que el mercado manda, es una mercantilización del área protegida”.
Otra denuncia contra Minera Panamá fue presentada por la Asociación de Derecho Ambiental, cuyo presidente, el abogado ambientalista Donaldo Sousa, denunció que la empresa “se tomó 4,000 hectáreas fuera del área de concesión” para construir una tina de relave. El diario La Prensa reportó la denuncia en octubre pasado, ilustrando con un mapa la tina de relave ubicada fuera de los límites de la concesión y citando la resolución ADMG 26-2012, de 18 de octubre de 2012, en la cual la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) negó a la minera el arrendamiento de 7,543 hectáreas que pidió en 2010.
Aparte del arrendamiento negado por ANATI, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto de las tierras supuestamente invadidas por la minera, tampoco existe un registro de las tierras adyacentes, las afectaciones, sus moradores y su estatus legal. Pero echando mano de un viejo modus operandi, desde 2010, la minera se dispuso a adquirir los derechos posesorios de lugareños cuyas fincas colindan con el proyecto. Así, a la fecha, según datos oficiales del Registro Público, Minera Panamá acumula títulos de propiedad de al menos 59 fincas que suman unas 970 hectáreas, por ahora.
“Ellos inventan que alguien tiene derecho posesorio, o en caso de que alguien sí los tenga, o van a la ANATI para que las personas titulen si tienen 5 años de estar allí, y luego les quieren comprar eso al estado y una vez que lo registran, vienen y se lo venden a la minera. Que la Minera tenga accionistas estatales –o haya tenido- viola el artículo 3 de la Constitución que dice que no se pueden ceder territorios a otros estados. Ellos pagan todo, al final le pagan cuatro reales (a los que titularon originalmente)”
La triangulación descrita arriba se presta –como se ha prestado, en efecto- para el acaparamiento de tierras. Con esto coinciden la directora general del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) Lilian Guevara, el presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, y Efraín Gutiérrez, quien reside desde hace muchos años en Donoso. Y el acaparamiento es quizás el peligro más inminente del ya derogado decreto 141 que permitía la titulación, traspaso y venta de certificados de uso de suelo, incluso dentro de las áreas protegidas. Aunque, según el CIAM, el peligro sigue latente porque el decreto nuevo no elimina los certificados de acreditación de uso de suelo sino que ahora serán sometidos a consulta pública; por lo que alertan que la transgresión de las áreas protegidas como bienes de dominio público, o tolerar la tala ilegal como medio probatorio de posesión de la tierra son violaciones que no pueden ser subsanadas solo con procesos de participación ciudadana.
Guevara explica –con cifras– que el problema de las tierras es mucho más grave: no existe un plan de manejo para el 80% de las 125 áreas tierras protegidas con las que cuenta el país; y las tierras protegidas representan algo cercano el 35% de todo el territorio nacional.
También están los miles de residentes que viven dentro y fuera de estas tierras desde antes que fueran declaradas como áreas protegidas. Algunos tienen derechos posesorios, otros no. La mayoría se opuso al decreto 141 por el peligro del acaparamiento, pero quieren abrir la discusión nacional para que se legalicen sus tierras y no ser víctimas de la incertidumbre gobierno tras gobierno, como explicó el señor Efraín Gutiérrez, residente del área.
Gutiérrez estuvo en la reunión a la cual asistió el presidente Laurentino Cortizo en diciembre pasado en Miguel de la Borda, donde escuchó a los voceros del área que pedían la derogación del decreto. Solo allí se reunieron más de mil campesinos en contra de la medida de la certificación de uso de suelo. Ellos también denunciaron que la ANATI “en contubernio con algunas autoridades locales” iba de casa en casa para entregar el formulario a los residentes para que pidieran el certificado de uso de suelo tras el rechazo de las comunidades de acudir a las ferias que convocó la entidad para tal fin. Ferias que casualmente inauguraron en Coclesito y Donoso a días de haber emitido el decreto 141. Incluso los moradores dijeron ver gente “posiblemente de la minera” tomando medidas por el área.
Fuente: https://conlasmanosenladata.info/mineras-tierras/
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