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Los sectores empresariales intentarán reducir las pensiones de los jubilados

Juan Jované

 

Especial para El Periódico

 

Reducir las pensiones

En un reciente artículo habíamos llamado la atención sobre una posición del novel ministro de economía y finanzas, el que, de acuerdo a nota publicada por el diario La Estrella de Panamá el 2 de julio de 2024, habría afirmado que para enfrentar los problemas del programa de invalidez, vejez y muerte se necesitaría la cooperación del país, incluso de los pensionados.

Esta cooperación, entendida dentro de la política de choque adelantada por el actual gobierno junto a la cúpula empresarial, parece concretarse en la propuesta de Dino Mon, uno de los voceros de la cúpula empresarial, responsable de la Ley 51 y quien aspira a dirigir la CSS, cuando en el programa De Frente de Sabrina Cabral, planteó que dentro de poco habría que recortar las pensiones vigentes entre un 40.0% o 50.0%. Se trata de una propuesta inhumana que llevaría a hundir más en la pobreza a los jubilados.

Desde luego que la suerte de los futuros pensionados será igual de difícil, dado que este personaje estima que se deben hacer cambios paramétricos muy profundos, que abarcaría no solo un incremento de la edad de jubilación. En una entrevista previa habría propuesto la “necesidad” de: elevar la tasa de cotización del programa de invalidez vejez y muerte de 13.5% a 18.0% del salario. y elevar el tiempo de cotización necesario para pensionarse de 20 años (240 cuotas) a 35 años (420 cuotas).

Enmascara la responsabilidad empresarial

A nuestro juicio las declaraciones recientes del señor Mon se dan en forma tal que sirven para esconder la grave responsabilidad de la cúpula empresarial en la situación del sistema solidario de pensiones de la CSS. Esto por varios motivos.

En primer lugar, siendo parte, como lo reconoció el señor Mon, del grupo que diseñó la Ley 51, él mismo debía reconocer que esta Ley, al separar el modelo de cuentas individuales llamado subsistema mixto (fundamentalmente de cuentas individuales) del solidario, también determinó que a partir del 2008 ningún nuevo cotizante podría inscribirse en el subsistema solidario, separando además los fondos de los dos subsistemas. Se creo así una situación en la que la última generación del modelo solidario quedó sin el respaldo intergeneracional que debería servirle de base financiera. Se generó así un enorme costo de transición cuyo monto se calculó en el momento en cerca del 145.0% del PIB. Se trató, en efecto, de una deuda con esta última generación, la que no fue reconocida ni pagada. En realidad, desde nuestra perspectiva, los que diseñaron y aprobaron la Ley 51 cometieron un delito de fraude contra la población asegurada.

Entre otras cosas se perdió la posibilidad de que el subsistema solidario (SEBD) se capitalizara con el boom económico y de empleo previo a la aparición de la pandemia. De haberse dado esta posibilidad, la situación no sería de un inminente colapso del modelo solidario, el cual tendría en su haber una reserva efectiva de no menos de B/. 5,400.0 millones.

La falta de fondos, la evasión fiscal y la evasión de cuotas

Otra forma en la que el señor Mon no fue capaz de evidenciar la responsabilidad del sector empresarial en los problemas de la CSS, está dada por su confusión entre la morosidad y la evasión. La morosidad, que el mismo propone borrar de los libros de la institución, y la evasión. La primera de estas se refiere a las cuotas no entregadas por los empresarios a trabajadores declarados a la CSS por sus empleadores. La segunda se refiere a las cuotas no entregadas a la CSS por empresarios que ni siquiera inscriben a sus asalariados en la CSS.

La evasión constituye una grave carga negativa para los ingresos de la CSS, teniendo en cuenta que, de acuerdo a cálculos de la OIT, los empresarios hacia el 2019 evadieron al 25.1% de sus empleados asalariados. Si se aplica este porcentaje a los asalariados del sector privado en agosto de 2023, se estaría hablando de cerca de 214,338 personas. Si se utiliza la mediana del salario como referencia, entonces, la evasión podría ser calculada en B/. 450.8 millones anuales, cifra que crecería en la medida en que el número de asalariados de la empresa privada se eleve.

Otro método para acercarse a la evasión es, observando las recaudaciones efectivas, comparándolas con las que se darían en el caso de un estricto cumplimento de la Ley. En este caso se tendría que entre el 2018 y el 2021 el total de evasión puede haber alcanzado a cerca de B/. 7,000 millones.

Un principio básico de la seguridad social, junto a la solidaridad y la universalidad, es el que se refiere a la subsidiaridad, el cual obligaría al gobierno central a apoyar a la seguridad social. Este elemento, que el señor Mon no abordó, está relativamente bloqueado en el país por el alto nivel de evasión tributaria (no pago de impuestos) del sector empresarial. Según datos de la DGI para el año 2021, último para el que existen datos, esta evasión alcanzó a B/. 7,838.6 millones, esto es 11.6% del PIB. Si tan solo el gobierno lograra recortar en un punto porcentual esta evasión y entregarla al programa de invalidez vejez y muerte, sus ingresos se elevarían en B/ 1,351.6. Si se redujera en 1.5 puntos porcentuales, este monto se elevaría a B/ 2,027.2 millones.

Las Cuentas Individuales no son solidarias

Las cuentas individuales, a decir del señor Mon, pueden ser manejadas con solidaridad, por la vía de asumir las asimetrías. La realidad muestra que, por el contrario, las cuentas individuales operan en un esquema en el que los riesgos son asumidos por quienes son los titulares de las mismas, mientras que las capitalizadoras cobran, a precios oligopólicos, por la administración, sin importar si existen rendimientos positivos o no.

Esto esta claro para dar algunos ejemplos, en el clásico documento The Economics of Pensión (2006) de Nicholas Barr y Peter Diamond (Premio Nobel de Economía 2010).   También está claro en el trabajo de Henry J. Aaron titulado Social Security: Tune Ir Up, Don’t’ Trade It In (1999), donde señala que en el modelo de las cuentas individuales los riegos de pérdida de capital, de modificación de la tasa de interés y del desempleo, entre otros, deben ser asumidos por los asegurados.

De hecho, como es conocido las cuentas individuales generan pensiones de miseria. Un estudio del sistema de pensiones de Panamá realizado por el FMI en el 2015 mostró que quienes se pensionen en el 2050 o 2060 en el subsistema mixto, que es básicamente de cuentas individuales, lo harán con una tasa de remplazo que no superará por mucho el 20.0% del promedio de sus salarios en los mejores diez años.

La economía básica de las pensiones

Cuando el señor Mon afirma que el sistema solidario es un simple esquema de Ponzi, parece no entender lo que Nicholas Barr aclara en su importante artículo “Reforma de las Pensiones: Mitos, Verdades y Opciones de Politicas” (2002). En efecto, las pensiones siempre implican que los pensionados tienen que consumir utilizando la producción de la siguiente generación, de manera que existen dos formas de hacer esto. Una es un pacto social en que una generación acuerda sostener a la previa, con el compromiso de que a la futura generación le corresponda. La otra es tener una serie de activos que luego se venderán a la generación que sigue a cambio de la posibilidad de consumir lo producido por la misma.

En última instancia, en ambos casos esto solo es posible si la economía y la productividad crecen, llevando a un aumento de salarios reales en línea con esto. En economía con políticas neoliberales, ni siquiera es seguro que los ingresos del trabajo de las siguientes generaciones sean superiores a los de la actual. Entonces: ¿con qué van a comprar los títulos de valor acumulados por la pasada generación? Esto es clave en un país como Panamá, en que el estilo de desarrollo impuesto por los sectores dominantes no es capaz de generar empleo decente, mientras que los salarios se retrasan en relación al crecimiento de la productividad.

Salirle al paso a la política de choque

Frente a la situación que se nos presenta en forma de política de choque, en la que solo se daría un mes para el debate de la situación de la reforma del sistema de pensiones, solo queda salirle al paso a esa nefasta política. Es urgente profundizar en las tareas de generar conciencia y organización, a la vez que logramos movilización y optimismo en la defensa de la seguridad social solidaria, proponiendo una política efectiva para resolver los problemas. Esta pasa por volver al sistema solidario y establecer las bases para fortalecer sus finanzas como está plasmado en documentos anteriores.

Panamá 8 de julio de 2024

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