El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
La comunidad de Ancón debe estar alerta al igual que el resto del país, frente a los que quieren comerse a mordiscones, lo que queda del bien patrimonial del pueblo panameño, como lo es el Canal y los pocos bienes revertidos que aún sobreviven a la piñata que han celebrado los bribones que, hoy son los responsables del estado de cosas que lamentamos vivir.
La “dichosa consulta”, intenta aparentar el cumplimiento de alguna formalidad para poder engañar a la población y al país que se actúa en derecho, cuando es evidente que una Ley ordinaria, solo puede ser modificada por otra Ley, cumpliendo los trámites constitucionales, y eso no ha ocurrido en el caso de La Ley 21 de 1997.
Es importante destacar que, el Municipio de Panamá está actuando de esta manera ilegal desde hace buen rato, desconociendo que sus disposiciones administrativas no alcanzan a modificar una Ley nacional debidamente establecida y cuyo propósito es precisamente preservar el patrimonio de todos los panameños.
Si permitimos esa conducta arbitraria e ilegal, pronto el Canal y todo su entorno estará siendo vendido y repartido por los que no pusieron ni una gota de sacrificio y sangre por ese bien que pertenece a todos los panameños.
¡Así de sencilla es la cosa!
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