Enun régimen realmente democrático, constituye, una aberración que, el órgano judicial juegue o sirva a los intereses del órgano ejecutivo y legislativo.
Lo anterior quiebra el principio y la verdadera independencia de los órganos del estado. (Artículo 2 de la CP)
Esta perversión anula el estado de derecho y abre las compuertas para todo tipo de desmanes y desafueros. Dicho en palabras sencillas, la politización de la justicia, es un fenómeno que trasluce el hecho de que estamos frente a un régimen muy lejos de lo que es un estado de derecho y democrático.
Los jueces y fiscales, no pueden dejarse influenciar, menos presionar por las autoridades con connotaciones políticas.
O prestarse para hacer valer intenciones de naturaleza políticas que violan drásticamente las libertades individuales y los derechos humanos.
Ese fenómeno de la criminalización de las luchas sociales y democráticas, tienen que purgarse del orden y entramado jurídico nacional. Vamos mas lejos, la permisión de este fenómeno por parte de jueces, magistrados y fiscales, los hace responsable en do mayor del colapso de un verdadero estado de derecho.
Los abogados no pueden prestarse para semejante aberración. Que mejor escenario para el ejercicio abogadil, velar por un buen desempeño ético de la judicatura. Igual no temer al poder político. A este último, les resbala los medios, sean inocuos, con tal de hacer valer sus intereses.
Una aberración de sectores, de pensar que el ejercicio jurisdiccional, se ubica fuera del órgano judicial. Entre ellos los medios mediáticos, que profieren sentencias, antes que un tribunal idóneo se pronuncie. Los tribunales tienen que estar curados contra ese tipo de mediaciones.
Verbigracia, medios como las televisoras, se han acostumbrado a este tipo de aberración.
Desde esta tribuna, hago un llamado a la justicia, a no dejar que el gusanillo de la injerencia política. Lo anterior es fatal y anula la naturaleza del órgano judicial de servir a la justicia y no al poder político.
Vivimos tiempos difíciles y las tentaciones autoritarias están a la orden. A jueces y fiscales, no dejarse extorsionar por intereses que están muy lejos de la objetividad y ética de el ejercicio jurisdiccional.