Por: José Dídimo Escobar Samaniego
El Sistema Electoral panameño, está plagado de serias y cuestionados aspectos que, resultan en el hundimiento, cada vez más profundo en un pozo nauseabundo de donde surge finalmente la ilegitimidad política, la deformación cruel de la democracia que, termina en una caricatura en la que fingimos que existe, pero la misma solo es de apariencia grotesca.
Por ejemplo, si analizamos el actual sistema de financiamiento electoral tanto público como privado, resulta que el Estado asigna un cuantioso presupuesto electoral y se financia a los partidos políticos y aún a los candidatos independientes, pero se admite también el financiamiento privado, asunto que es incompatible, lo que resulta que las figuras electas al llegar a ocupar sus curules, se olvidan que representan a su circuito electoral, o a su partido como establece nuestra Constitución Política y ahora le devuelven el favor a sus financiadores, entregando la curul al servicio de quienes privadamente contribuyeron con su campaña, incluyendo y sobre todo a los que desde la oscuridad del narcotráfico y blanqueo de capitales han entrado al juego político para hacerse con un espacio de poder, comprándolo, como se suele hacer con cualquier mercancía. Este hecho desvirtúa el proceso electoral, adultera la representación popular y demuestra categóricamente que es incompatible el financiamiento político venido de dos fuentes distintas, porque en el ejercicio de la representación, una de esas dos fuentes será denostada o a lo sumo desconocido y sólo una reivindicada, pero con toda seguridad, entrado en conflicto intereses superiores, el pueblo será desatendido y los privados que financian, serán reconocidos, es lo que nos ha enseñado la historia.
Ello explica, cómo es posible que se gobierne en muchos casos en contra del interés general, por satisfacer intereses privados que, en nada se diferencian de aquella época en que los ingenios, las cervecerías y otras empresas, tenían a sus propios diputados en la Asamblea, presidentes de la República y alcaldes en los distritos.
No hay entereza y el descaro se ha legitimado en la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos constitucionales que desde la Asamblea Nacional atiende el primer debate de Reformas Electorales cuando se sigue con un concepto laxo y caricaturesco acerca de la residencia y cambios de residencia, mismos que alteran gravemente con extraños electores, la vida tranquila de comunidades interioranas o en diferentes circuitos, cuando el día de las elecciones amanecen buses de diferentes partes trayendo gente que altera, sin tener vida en ese lugar, pero eligiendo a quienes, los que sí viven allí, no respaldan, causando un serio perjuicio a pacíficos ciudadanos a quienes se les burla desde la institucionalidad electoral.
Así, por ejemplo, una diputada que no vive en Arraiján, sino en la ciudad de Panamá, se burla de los ciudadanos de ese distrito, y lleva representandolos varios períodos, sabiendo el Tribunal Electoral que, eso es una agresión a la dignidad de ese pueblo. Sin embargo, la cohonesta en su fechoría, lo cual lo convierte en co patrocinador de esa infamia. Tiene esa diputada, una fundación constituida con bienes públicos que, administra bienes patrimoniales y dineros del Estado, pero no hay Contraloría que las audite, desafiando las Leyes del país y hasta la propia Constitución Política vigente, pero ahora resulta que los diputados actuales gozarán en el proceso electoral con un privilegio insostenible y se trata de fuero penal electoral para las elecciones generales de 2024, que implica jugar con dados cargados que, matan de plano, la igualdad de las partes y la imparcialidad del proceso electoral.
Lo mismo ha pasado y pasa en varios lugares del país, y el Tribunal, bien y usted.
En España, por ejemplo, se realizan elecciones y el Estado organiza un Tribunal de Elecciones constituidos por Tribunales del Órgano Judicial y terminadas las elecciones, este se desmantela hasta la próxima contienda. Existe en forma permanente una Oficina de Registro Civil que se encarga del registro de los hechos vitales, y España teniendo 47 millones de habitantes y más de 5 millones de extranjeros, cuenta con un Registro Civil casi de la misma dimensión que el nuestro, siendo nosotros menos del 10% de su población. Aquí se ha diseñado un Gran Tribunal, es decir una gran burocracia, que se gasta cuantiosos recursos y nos hace un permanente cuento de democracia que no existe y que además, es un hecho evidente e inobjetable. El país y la sociedad no es democrática porque tengamos un edificio hermoso como el del Tribunal Electoral, sino por la legitimidad de sus instituciones y las libertades de que gocen sus ciudadanos, que es precisamente de lo que adolecemos.
Los Circuitos Uninominales, la salida a los chanchullos del cociente, medio cociente y residuo.
Otro de los grandes desafueros en nuestro sistema electoral, son los llamados; circuitos plurinominales, mismos que han sido escenario para toda clase de chanchullos que deslegitima al poder público y desvirtúan la democracia. No es posible que, con tanto adelanto técnico científico, de cartografía, y avances en materia de telemática o cibernética, no hayamos podido establecer el mecanismo transparente de constituir en todo el país, solo circuitos uninominales, a los efectos de acabar con la corrupción electoral y la costumbre de colarse a los puestos públicos por la rendija vergonzosa de los residuos y otras bellezas. Habiendo solo circuitos uninominales, es decir 71 en total, o podrían ser menos, gana la curul de Diputado, el que salga más votado dentro del circuito, como debe de ser. Este solo hecho limpiaría bastante el cuestionado proceso electoral panameño que ahora amenaza con perfeccionar el adefesio. El que algunos panameños puedan votar por cinco posibilidades o más, y otros solo lo pueden hacer por uno, desnuda la injusticia electoral que debe ser corregida.
Otro de los hechos vergonzosos y pocos transparentes que envuelven al árbitro Electoral panameño, es una suma significativa de su presupuesto que, los asigna para publicidad y propaganda y se los distribuye graciosamente a los grandes medios de Prensa, radio y televisión, dilapidando valiosos recursos de los panameños, que son parte de nuestro patrimonio, por lo cual los medios agradecidos los encumbran en alto pedestal a los Magistrados, pero como decía mi padre, que bonito es gastar lo que no nos cuesta, sino al sufrido pueblo panameño que hoy atraviesa serias limitaciones económicas y hasta penurias. Como parte de las reformas planteadas por la Comisión de Gobierno de la Asamblea, se somete a las redes sociales y a los medios digitales, como el nuestro, a una fuerte censura, a los efectos que, la pelea entre burro amarrado y tigre suelto, se dé sin mayores contratiempos y el pueblo sea condenado a no poder tener acceso a la información habiéndose constituido hace algún tiempo por naciones Unidas, como un derecho fundamental de los hombres en el planeta.
Esta reforma impúdica que, se le agrega ahora al sistema electoral panameño, viene a ser la cerecita que generará una profunda crisis de legitimidad del Estado, precisamente en momentos en que nos abocamos a celebrar el Bicentenario de nuestra independencia y que debimos saludar, con un gran acuerdo nacional para dejar atrás todo vestigio de chanchullos y corrupción, que nos persiguen como una tétrica maldición, sin embargo pudo más la avaricia, el egoísmo y el deseo de liquidar hasta la triste apariencia democrática de nuestro proceso electoral.
¡Así de sencilla es la cosa!
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