La lucha del pueblo panameño por su Canal ha sido burlada. Hoy apenas y se toma en cuenta a los que lucharon
y es el poder económico el que nos ha despojado de nuestro Canal.
Por: Aida Torres
Socióloga y presidenta de la Asociación ca Comunidades del Área del Canal (ACAC)
Hoy nos hacemos eco del descontento ciudadano que ha generado la decisión presidencial en torno a las designaciones ante la Junta Directiva del Canal por las claras evidencias que han aflorado al conocimiento público.
Los seis candidatos propuestos por el movimiento social incluyeron a dos mujeres de trayectoria probada, que al igual que el resto del grupo fueron sometidas al escrutinio público, demostrando ante la ciudadanía las competencias requeridas para un cargo de esta naturaleza.
La designación realizada por la Presidencia demuestra el peso de los grupos económicos que aportaron a la campaña electoral y que ahora están cobrando los favores. Si bien incluye a dos mujeres, en aparente participación de género, su selección evidencia que más allá de sus méritos personales, su mérito principal es el de representar los intereses de las empresas familiares, por lo que esta decisión, fortalece la presencia de empresarios y de los intereses económicos en la Junta Directiva del Canal, manteniendo un insostenible desbalance en la composición de la misma, en detrimento de los intereses populares.
El enorme desbalance se mantiene en una relación de diez a uno, por lo que el movimiento social y popular; seguirá luchando por una equitativa representación social y se mantendrá alerta para que las decisiones de la Junta Directiva respondan a los intereses del pueblo y no a las órdenes dictadas desde las más altas esferas del poder económico.
Mientras que al movimiento social se le escatiman posiciones, resulta que una de las dos empresas beneficiadas con esta última decisión presidencial, tiene tres representantes en la Junta Directiva: Francisco Sierra, Nicolás González Revilla y la propuesta de Dora Pérez Balladares, todos vinculados a MEDCOM, además de tener vínculos familiares entre sí que enrarecen seriamente la transparencia que debe revestir a esta empresa de servicio mundial.
No sólo se trata de un problema legal- jurídico sino, esencialmente, de un problema ético y moral que ofende a la sociedad panameña y particularmente a la memoria de nuestros mártires.
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