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La persecución política contra Genaro López: criminalización de la protesta y crisis del Estado de derecho en Panamá

Por: Antonio Vargas De León.

Panamá, 6 de junio de 2025

La reciente decisión del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio de revocar la detención preventiva impuesta al dirigente histórico del SUNTRACS, Genaro López, constituye mucho más que un mero ajuste procesal representa un punto de inflexión en la confrontación entre el Estado panameño y los movimientos sociales que denuncian la injusticia estructural, la corrupción institucional y defiende la soberanía nacional.

El juez de garantías de apellido Carpintero había ordenado la detención preventiva de Genaro López, a pesar de la debilidad probatoria del expediente y de la evidente desproporcionalidad de la medida. La resolución del Tribunal Superior, que impone en su lugar un depósito domiciliario, reconoce que el caso se sustenta en premisas infundadas, sin pruebas sólidas, y responde más a un afán político que a una necesidad de administrar justicia.

Este episodio se inscribe en un patrón más amplio de criminalización de la protesta social, ejecutado por un Ministerio Público que ha sido funcional a los intereses del Ejecutivo y de los sectores empresariales que no toleran la disidencia organizada. En vez de investigar con igual celo los graves delitos económicos, ambientales y de corrupción que afectan al país, el Ministerio Publico se emplea para perseguir dirigentes sindicales, inhibir la protesta, y sembrar el miedo.

La selectividad de la justicia panameña ha quedado nuevamente al descubierto. Mientras se archivan expedientes vinculados a escándalos de alto perfil, se instruyen casos sin base jurídica contra actores sociales cuya única “falta” ha sido defender derechos colectivos y confrontar un modelo económico profundamente desigual. El caso de Genaro López, junto con los de Saúl Méndez (actualmente asilado en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia), Jaime Caballero y Erasmo Cerrud, revela la existencia de presos políticos en Panamá, un hecho gravísimo que desmiente el discurso oficial sobre la supuesta estabilidad democrática del país.

A este escenario se suma el contexto internacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reiterado su preocupación por las violaciones a la libertad sindical en Panamá, y ha incluido al país, en la lista de los 24 Estados que incumplen sistemáticamente los convenios internacionales sobre derechos humanos, esta inclusión es fundamental porque advierte al mundo que el derecho a organizarse, a huelga y a la protesta pacífica, son tratados como amenazas al orden público, en vez de expresiones legítimas del pueblo organizado.

Más allá de las consecuencias jurídicas inmediatas, la detención de Genaro López debe ser leída como un mensaje político. Es una advertencia el que se oponga al gobierno, desde la calle o desde el sindicato, puede ser encarcelado, difamado y sometido a procesos arbitrarios. Pero el mensaje también ha sido respondido con fuerza por la ciudadanía y por organizaciones populares que, a pesar de la represión, persisten en la lucha por la derogación de leyes como la nefasta Ley 462, que profundizan la desigualdad social e impone pensiones de hambre para las actuales y futuras generaciones de panameños.

Si el derecho se convierte en herramienta de persecución, y no de justicia, entonces ya no estamos ante un Estado de derecho, sino ante una fachada legal de una dominación política autoritaria, y ante eso, el pueblo tiene no solo el derecho, sino el deber de resistir.

La revocatoria de la medida cautelar no borra los días pasados por Genaro López en una celda de máxima seguridad en el pabellón C de La Mega Joya. Pero esos días no quebraron sus convicciones, las templaron, en lugar de doblegar su voluntad, reafirmaron su compromiso con las causas del pueblo panameño.

Es imperativo comprender que la lucha por la libertad de los dirigentes del SUNTRACS no es solo una batalla sindical, es en defensa por la democracia, la legalidad y la justicia social, es la defensa de un principio básico que ningún ciudadano puede ser criminalizado por ejercer sus derechos.

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