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La fuerza de la ley o la ley de la fuerza.|


Por: Pedro Luis Prados S . (In memoriam)

 

La justicia sin fuerza es contradicha porque siempre hay malvados; la fuerza sin la justicia, es acusada. Por tanto, hay que poner juntas la justicia y la fuerza, y ello para hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte sea justo.”

Blas Pascal

En un esfuerzo por deconstruir el aparato ideológico-sistémico de la estructura del Estado de Derecho y establecer un orden teórico sustentado por la correspondencia real entre los conceptos y los hechos, Jacques Derrida (1930-2004) se adentra a examinar la naturaleza de la ley y sus ámbitos de aplicabilidad como función del Estado. “Fuerza de ley” (2002), es un breve examen de la correspondencia entre la Ley y la autoridad del Estado como sustentación del Estado de Derecho y de lo cual se desprenden las contradicciones entre autoridad y violencia y la forma como esta es legitimada dependiendo de quién la esgrime en función del poder. Sin embargo, el motivo para replantear los argumentos de Derrida están dirigidos a establecer cómo, desde ese entramado se dirimen las relaciones entre el poder y la ley y sus formas de aplicación y legitimación.

Retomando las reflexiones de Pascal sobre la posibilidad de la ley como elemento coercitivo de la vida moral y la práctica política, nuestro autor se centra en un ejercicio deconstructivo de la concepción kelseniana de la noción pura del Derecho ─en que el orden racional conlleva a conceptos imperativos de obligatoria aceptación racional ─ y se remite a la relación pragmática entre la fuerza (poder) del Estado y la aplicación de la justicia. Decía Pascal: “La justicia sin la fuerza es impotente (dicho de otra manera, la justicia no es la justicia si no se realiza, si no tiene la fuerza para ser aplicada; una justicia impotente no es justicia en el sentido del Derecho). La fuerza sin la justicia es tiránica.” Me he apropiado de esta larga cita de Pascal hecha por Derrida, porque sirve de pivote para las reflexiones que nos merece las actuales condiciones del nuestro degradado sistema de justicia.

El Estado de Derecho se sustenta en la legitimidad jurídica de sus instituciones y de las actuaciones de quienes ejercen el gobierno, de allí que el orden constitucional sea imperativo y esclarecedor para el orden político, la vida social y la aplicación de la ley, y es la columna vertebral de la Democracia como modo de gobierno y forma de vida. Cuando el ordenamiento, consistencia y sostenibilidad del Estado de Derecho pierde esa verticalidad e imparcialidad todo la estructura política-social se resquebraja y se inicia una precipitada degradación de las instituciones, del poder político y de la sociedad. Lo que legitima la fuerza de la violencia revolucionaria como alternativa a la fuerza de la autoridad de la ley, tema por lo demás examinado desde Aristóteles y Platón hasta Lenín, Sartre, Chomsky y Habermas. De allí que esa ilusión de nuestro compatriota Guillermo Andreve que veía “el Liberalismo ( la Democracia Liberal) como una recta tirada al infinito” no es más que una entusiasta utopía desmantelada por la praxis histórica.

La experiencia panameña post invasión revela un inédito diseño teórico para establecer una estructura de poder político que se subsume en un sistema amplificado de poder económico, innovado con directrices económicas del neoliberalismo y el anarcocapitalismo. La reversión del Canal, sus potencialidades económicas, la riqueza acumulada y las proyecciones especulativas eran demasiadas para dejar de lado la oportunidad de incursionar en un país con gobiernos débiles y susceptibles a la corrupción. El funcionamiento de un sistema electoral partidista derivado de la Constitución de 1972, ha sido la plataforma para las actuaciones repetidas cada quinquenio de un proceso que cambia los personajes y las banderas partidarias, pero que en el fondo atiende a un mismo libreto y a una misma dirección. Partidos de cartón con personajes de caricatura se suceden para obtener el “poder” que tras bastidores ejercen corporaciones, empresarios o consorcios financieros complacientes con los resultados y sin grandes miramientos por las actuaciones. Esquema de funcionamiento que tras treinta años de abusos, desgreños y corrupción ha mostrado sus verdaderos rostros, falencias y pecados.

Jacques Derrida

La fuerza de la autoridad que dinamiza la aplicación y el cumplimiento de la Ley deviene, por el desgaste y la incapacidad de manejar variables antitéticas como son el bienestar social y la liberalidad del mercado, en un ejercicio rudimentario de coerción, engaño y corrupción que implementa una forma de violencia más próxima al Derecho Natural de Maquiavelo y Hobbes, que a los elaborados preceptos del Derecho Positivo de Hans Kelsen. La fuerza del Derecho que debería ostentar el Estado se convierte en violencia institucionalizada por los agentes gubernamentales. La ley, deformada e adulterada, se constituye en un instrumento más de la trama y es utilizada como justificación para imponer un régimen de violencia velada que desfigura la naturaleza íntima de los derechos que debe consagrar la aplicación de la ley en la democracia.

La incapacidad de un sistema de justicia para aplicar la ley que se pone en evidencia en los censos que hacen las redes sociales de los sobreseimientos, absoluciones y casos improcedentes de los delitos de alto perfil; la demora en la Corte Suprema de los recursos y apelaciones por fallos dudosos; los insólitos e incomprensibles fallos de los tribunales de justicia; el desparpajo de los sindicados y abogados para argumentar tecnicismos irrelevantes para impedir los procesos; cinismo de los miembros de la Asamblea Nacional acusados de delitos comunes, de apropiación de fondos públicos, planillas clientelistas o uso ilegítimo de bienes del Estado; la impunidad de funcionarios públicos sorprendidos en flagrantes delitos y las respuestas falaces de funcionarios de alto nivel cuando son inquiridos sobre el manejo de cuantiosos fondos públicos, la falta de transparencia o la inutilidad de ciertos gastos públicos, son parte del relicario de actuaciones que los panameños padecen a diario y son ejemplos claros de la violencia institucional que se ejerce sobre la ciudadanía y la entronización de un sistema en que la fuerza de la ley ha sido sustituida por la ley de la fuerza. Y el aparato, como toda organización criminal termina sacrificando a sus propios servidores,

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