El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
En opinión del Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá, la empresa Panamá Ports ha ejercido un monopolio en la política portuaria nacional, algo “inconcebible» en un país con una vía interoceánica El Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá (UP), que funge como un centro de investigaciones sobre temas relacionados con la vía interoceánica, considera dejar que el Gobierno debe reevaluar el recién renovado contrato de Panama Ports Company (PPC); en dicha revisación podría estar incluida la posibilidad de terminar el acuerdo con la empresa. De acuerdo con el Instituto, “el tema merece ser analizado en profundidad por técnicos, tanto nacionales como internacionales especializados, en materia de puertos y asuntos marítimos”.
En opinión de Luis Navas, director del Instituto del Canal, no se puede descartar una rescisión ante la posibilidad de que el contrato no sea beneficio para el país, especialmente en el plano que «impone» un monopolio en la política portuaria de Panamá, algo que considera «inconcebible».
“Rescindir el contrato (…) es un reto y desafío, toda vez que PPC tiene derecho a que se le indemnice, pero al pedir eso la empresa nos tiene que demostrar cuáles son las reclamaciones específicas para nosotros contraargumentar”, expresó Navas a La Estrella de Panamá. “Esto no afecta a la seguridad jurídica como se ha venido señalando y del cual han convencido al presidente, toda vez que ese contrato ha sufrido serias alteraciones particularmente las que introdujo la expresidenta Mireya Moscoso”, añadió. Navas cuestiona que la prórroga en la práctica «echa por tierra» las luchas por la recuperación de los territorios usurpados por los Estados Unidos durante la existencia de la Zona del Canal. “Nosotros no luchamos en el pasado para reinvertir los puertos y entregárselas a una empresa extranjera que además ha impedido que se pudiera construir dos proyectos portuarios en la rivera del Atlántico y Pacífico, en este último había dos proyectos: El proyectado Puerto de Farfán y Puerto de Corozal. En ese momento los abogados de la empresa se quejaron y demandaron porque ellos no quieren competencia cuando deberían aceptarla porque de lo contrario es un monopolio, que afecta el desarrollo marítimo de Panamá”, advirtió el director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la UP. El pasado 25 de junio en Gaceta Oficial se publicó la Resolución de Junta Directiva No. 043-2021, de 23 de junio de 2021, por medio de la cual se autorizaba al administrador de la AMP responder a la solicitud de prórroga por 25 años al contrato de PPC que le da la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales de contenedores Ro-Ro, de pasajeros, carga a granel y carga en general, y sus respectivas infraestructuras, en los puertos de Balboa y Cristóbal. En ese documento se constató que la concesionaria portuaria entregará “un aporte liberal” por $165 millones al Estado panameño que contribuirá a la reactivación económica. Navas señaló que siete personas de la junta directiva de la AMP no pueden comprometer el desarrollo económico del país en medio de una coyuntura de crisis como la que se da por la pandemia del coronavirus. “A la AMP le compete dar respuesta. La Constitución dice que todo lo referente al Canal y sus áreas afines forman parte de lo que se considera la estrategia marítima, entonces, quién define nuestra estrategia: ¿una transnacional o nosotros los panameños?”, expuso el director. Otros de las recomendaciones que da el Instituto del Canal y Estudios Internacionales es que se recurra a la ley recientemente reglamentada sobre Asociaciones Públicas-Privadas, para que tanto a PPC como a otros operadores interesados presentar propuestas debidamente sustentadas, tal como lo requiere la Ley. “Ese mecanismo permitiría que se realicen los estudios técnicos con el fin de determinar claramente el valor de las inversiones realizadas, el potencial comercial de los puertos, la demanda de estructura y las fuentes financieras ideales.
Evitemos perpetuar un monopolio que mantienen sepultada la competitividad en detrimento del necesario desarrollo económico del país. Ninguno de estos análisis se ha realizado a la fecha”, manifestó el Instituto en un comunicado.
AMPLIACIÓN DEL CANAL
También comentó que otro factor importante es reconocer el beneficio que ha percibido, in crescendo, la industria portuaria nacional, como resultado de la ampliación del Canal de Panamá y la conectividad por vías complementarias, tanto terrestres como aéreas y tecnológicas. “La inversión que ha hecho el Estado debe formar parte, y de hecho lo es, del valor potencial que se le adjudica a esta ruta. Resulta más evidente que todos los puertos de la región se han beneficiado de la ampliación del Canal, y es lógico que ese beneficio debe contabilizarse y generar réditos al país dueño de los recursos”, se lee en el documento. Navas refuerza esta idea al decir que «este pequeño país no está para cuentos ni para que le den migajas (…) tenemos ponernos en las manos de los que saben porque hay que ver cuántos miembros de la junta directiva de la AMP conocen de puertos y desarrollo marítimo», y agrega «nada nos impide ahora o en el futuro echar abajo ese contrato perfectamente como lo hicimos con el Tratado de 1903, que era a perpetuidad y nosotros nos sacamos esa estaca colonialista».
