Indignación Nacional

 

Lizabeta S. de Rodríguez

Economista, educadora.

 

Van cuatro semanas que la población, en todo el país, se encuentra en las calles, en manifestación y protestas pacíficas, reclamando ser escuchada.

No existe confianza ni credibilidad en los gobernantes producto de la falta de transparencia, corrupción galopante y ausencia de castigo para delincuentes de cuello blanco.

Pero la gota que derramó la copa, fueron los últimos hechos acaecidos. La aprobación de la Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de a Caja de Seguro Social, mediante una escaramuza técnica bien orquestada, que no consideró las propuestas presentadas por los diferentes actores sociales.

Por otro lado, el pronunciamiento del presidente José Raúl Mulino de pretender abrir la mina de Donoso, desconociendo el mandato del pueblo de no a la minería y el Fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, ratificando la voluntad popular, cae cómo un baño de agua fría.

A ello se suma el memorando de entendimiento, firmado por el gobierno del presidente Mulino con Estados Unidos (EU), a espaldas de la opinión pública y sin pasar por la Asamblea Nacional, donde presuntamente se permite la entrada a tropas militares estadounidenses al territorio nacional, con la excusa de realizar maniobras conjuntas para defender el Canal de Panamá.

Justificación baladí, toda vez que el Tratado de Neutralidad, firmado en 1977, en su artículo V, garantiza la protección del Canal al respetar el

derecho de tránsito de todas las naves que atraviesen dicho canal, indistintamente la bandera del país que representen, ni la situación política o bélica existente e indica que “… sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.

Es totalmente inadmisible que mientras sostiene una actitud de sumisión frente a las pretensiones del presidente Trump, al firmar este memorando de entendimiento a espaldas del pueblo, irrespete a la población que históricamente ha defendido la soberanía nacional. Como presidente del País, su función es defender los intereses nacionales, máxime si así está textualizado en la Constitución Nacional y el Tratado de Neutralidad.

Existe gran indignación nacional. La gente está cansada de malos gobiernos. Por años han permitido se profundicé y solape la corrupción, impunidad y se exonere a políticos corruptos y altos funcionarios que delinquen (caso del expresidente Martinelli), quien, apoyado por el actual gobierno, salió del país sigilosamente, hacia Colombia.

Ahora, sale en redes sociales bailando y divirtiéndose, burlándose de haber evadido la justicia panameña, en detrimento del bienestar de la población, profundizando la inestabilidad social y política existente.

Presidente Mulino: Si en realidad le interesa detener la disconformidad y convulsión que ha generado el equivocó proceder de su gobierno, al actuar de igual manera que gobiernos anteriores, llamando a diálogos y consultas infructuosas como distractores, para posteriormente, utilizar subterfugios y triquiñuelas aprobando leyes leoninas y perniciosas que afectan el bienestar social, acepte sus errores en la toma de decisiones y el trato decoroso a la población.

De un giro de timón, trate con respeto a sus semejantes. Busque mecanismos eficaces y transparentes de arbitraje, si fuere necesario, con entes imparciales, que generen credibilidad y confianza, como la iglesia católica, entre otros.

Entes ajenos a la problemática, para convocar las diversas representaciones de la sociedad en harás de encontrar soluciones efectivas, sin componendas, al desasosiego actual que vive el país.

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