Victoriano Rodríguez Santos
Cuando la dignidad está en juego y el honor no está a la venta, el pueblo se levanta. Cuando las causas son justas, reconocidas y aceptadas, el pueblo se levanta. Se levanta porque se le han puesto condiciones inaceptables y se ha insultado la inteligencia, le han provocado; el pueblo se levanta.
El Ejecutivo ha erguido las velas y cree tener el viento a su favor. No contempla que la lucha de los educadores, trabajadores y profesionales al igual que los estudiantes y aborígenes, es legítima, pura y toma más fuerza cada vez.
El país está en riesgo por tres situaciones que impulsa el presidente José Raúl Mulino: La reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS). La apertura de la mina y los memorandos de entendimiento.
Trilogía que implican retroceso total en la vida nacional y la lucha generacional de la población panameña, lograda con golpes, encarcelamientos y teñida de sangre.
Al igual que la Ley 406, de la mina, pudo ser llevada nuevamente a la Asamblea y desnaturalizada, se puede hacer con la ley 462. En su articulado volver a la Ley 51, en todas sus partes, mientras se buscan las alternativas, se escuchan las propuestas y se presenta una reforma de cara a la población que cotiza y no de quienes evaden la responsabilidad de pagarle a la CSS la cuota obrero patronal y logran se les condone, pero también, logran préstamos millonarios.
Nunca en Panamá; ni siquiera con Ley 406, de la mina, había tanta población en las calles en todos los pueblos de la República. Es conveniente que el Presidente recapacite, deje la terquedad y soberbia, que como mal chiricano mantiene, y acepte el fracaso de esa ley que mutila a la población panameña, en su conjunto.
No perjudica solamente a los pensionados, también a los trabajadores independientes y de profesiones liberales; agárrense todos los trabajadores por cuenta propia (conductores de taxi, bus, limpiadores de patio, vendedores de lotería, frituras, diarios, etc.) Todos tendrán que afiliarse a la CSS.
No crean que esta ley perjudica solamente a los que trabajan con el Estado o un empleador. Esta Ley comprende o abarca a todos los panameños, independiente si tienen o no capacidad, si son productivos.
Obviamente la Ley 462 perjudica a campesinos y también a los aborígenes, porque en un futuro el gobierno pudiera dejar de atender a la población, según mandata la Constitución (artículos 109 110 y 111) y continuar recargando la salud de toda la población sobre la CSS.
Cuando esto fuere así: ¿qué de aquellos que no tienen capacidad física ni económica para cotizar?
Presidente: Un pueblo se levanta cuando su seguridad y dignidad están en juego y aún más, porque el honor no está a la venta. Dios te salve, Panamá.
Economista, educador, máster en Recursos Humanos.
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