Editorial

El presidente de la república, en un acto más de genuflexión, para complacer a Donald Trump, nombró en el día de ayer a tres nuevos miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá, que representan exclusivamente al sector empresarial y nunca han tenido que ver con la lucha del pueblo panameño por la recuperación de ese bien que es nuestro más importante patrimonio.

El rechazo por tal nombramiento no se ha hecho esperar en todos los sectores sociales del país que, esperaban de parte del presidente una representación sensata que tomara en cuenta a los otros sectores sociales que han estado ausentes en esa entidad, con una rara excepción, desde hace 25 años, de modo que allí, solo participan figuras que representan intereses de ese solo sector y no son garantías para el pueblo sobre la administración transparente que, se ha convertido en una reunión de alquimios y con la condición de absoluto secreto, de modo que, se le ha arrebatado el derecho al pueblo panameño, el dueño de ese bien patrimonial, de saber lo que allí se discute y decide, en donde siempre debe prevalecer el interés nacional de todos los panameños.

Diego Herrera Dutari, Domingo Latorraca Millán y Jorge Enrique Vallarino Miranda, todos graduados en universidades norteamericanas, hecho que no es negativo, pero decisión que se ha tomado en absoluto desprecio a quienes se han graduado en nuestras universidades nacionales y representando solo al sector empresarial, lo que ha sido un mensaje que inhibe al pueblo panameño para luchar y defender el Canal de Panamá como nuestro más valioso patrimonio, en momentos en que se debate la amenaza del gobierno norteamericano por arrebatarle a los panameños ese preciado bien, haciendo añicos la soberanía nacional y destruyendo nuestro Estado Nacional, de la cual el sector empresarial allí representado, no solo no ha librado ninguna lucha, sino que siempre han sido aliados incondicionales de los que hoy nos amenazan con todo rigor.

En la actual circunstancia de tensión en el Canal, sin embargo, la Junta Directiva compuesta esencialmente por el sector empresarial, no se ha pronunciado en lo más mínimo, lo cual indica una deslealtad con la empresa de todos los panameños.

Los nombramientos que rechaza el pueblo, deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, y el ejecutivo tiene previsto enviar inmediatamente toda la documentación al Palacio Justo Arosemena.  No obstante, el rechazo a dichos nombramientos crece, porque no responden a un concepto de unidad nacional ni al interés nacional, sino solo el interés del sector empresarial que en medio de las circunstancias no ha salido a defender la patria, porque para ellos la patria es el sonido de sus cajas registradoras.

Este hecho viene a agregar un elemento más de confrontación y lo grave es que es provocado por el propio gobierno como buscando agregar gasolina al fuego en las dramáticas actuales circunstancias.

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