El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Ramiro Guerra.
Jurista, Escritor Y Cientista Político.
El bien supremo del hombre, la vida. Pero que sería de él, sin la libertad, cualquiera cosa, menos un ser humano. Claro, la sociedad se vale de un campo de competencia, para limitar la libertad, como forma de resarcir un mal o perjuicio causado a la sociedad por el hombre, por hechos claramente estipulados en la ley.
Mientras no sea así, el estado tiene la obligación de tutelar la libertad y para ello establece la forma en que dicha tutela debe servirse y por ello coloca en manos de los individuos, la denominada ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.
El principio del favor libertatis, lo recoge la constitución y la ley.
Tan importante es esta acción de habeas corpus, que la propia constitución y la ley, establecen, un procedimiento brevísimo para que las autoridades se definan sobre el mismo. La idea es que nadie puede ser objeto de limitación de la libertad, cuando medie detenciones arbitrarias; es decir que no sean conforme a derecho.
Valga el introito, para hacerme eco de la molestia de ciudadanos y abogados, que han incoado la acción de habeas Corpus, en contra autoridades, entre ellos, el ministro de seguridad y el director de la policía.
Estos como autoridades con alcance nacional, la competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo han pasado más de diez días y no hay pronunciamiento de esta alta corporación de justicia.
La ley es clara, la Corte Suprema, ha debido requerir de los funcionarios demandado el informe pertinente a la detención, poniendo a los detenidos a la orden de la Corte Suprema.
Resulta evidente, que la Corte Suprema, como tribunal que conoce de estas acciones de habeas corpus, incurre en una flagrante mora y con ello viola derechos humanos. (verbigracia los detenidos, tanto en Veraguas como en Chiriquí)
Algo parecido ocurre con los amparos de garantías constitucionales. Pasan meses y no hay resultados.
En las últimas semanas hemos visto, detenciones que rayan en lo arbitrario, por parte de agentes de la autoridad. Nadie tiene patente de corso para proceder de esa manera.
Corresponde a la autoridad judicial, ponerle un alto a estas formas arbitrarias de proceder.
Aunque parezca verdad de Perogrullo, los policías, no pueden arrogarse competencia, que son privativas de los jueces y del ministerio público.
Cuando se dirime materia relativa a la libertad, el juez tiene que hacer gala de independencia, frente a los fiscales y la policía.
Cuando el sistema no funcione de tal manera, como la arriba señalada, todo el sistema se pervierte y la justicia brilla por su ausencia.
Los abogados están en primera línea de defensa de un sistema para que opere según los mandatos constitucionales y de ley.
El principio de la separación de poderes, en realidad, se ha venido diluyendo y estamos bajo la égida de un sistema político, donde un poder u órgano, se viene sobreponiéndose sobre los otros. No existe tal balance y equilibrio.
Dios bendiga la patria.
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