La arremetida oligárquica contra dirigentes sociales y organizaciones beligerantes, sumado ahora a la ayuda, asesoría y presencia de los Estados Unidos en Panamá destruye la coexistencia pacífica
La tiranía desesperada, pretende suspender las Garantías Constitucionales en Bocas, para arreciar la represión a niveles inimaginables y nunca antes visto en la historia republicana. Los organismos de derechos Humanos de la ONU y de muchos organismos internacionales están atentos antela barbarie.
Aunque la imagen pública local e internacional del presidente José Raúl Mulino y su gobierno esté más abajo que la corteza terrestre y el manto de la tierra, estos poco o nada les importa con tal de salirse con la suya, sisar o robarse los fondos de la Caja de Seguro Social CSS poniéndolos en manos de la banca privada y en administradoras de fondos de pensiones y aumentar a 80 años o más la edad de jubilación, con tal de imponer bases militares de Estados Unidos violentando nuestra soberanía territorial y jurídica, imponer minería a cielo abierto reabriendo la mina de Donoso que ya había sido considerada ilegal por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de Inconstitucionalidad por la grave contaminación, daños ecológicos y perjuicios a las comunidades aledañas y a todo el país.
Mulino, la banca, empresarios de la CONEP y desde el seno del Club Unión han decidido echar a un lado principios constitucionales, tratados, acuerdos y convenios internacionales, pisotear garantías individuales y sociales de los panameños y lanzar al tacho de la basura los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU.
Nada de lo anterior debería sorprendernos, pues, lo que esta pasando en la República de Panamá no es más que la agudización o profundización de las contradicciones en el escenario nacional e internacional de la histórica lucha de clases, natural en su dinámica y procesos continuos dialécticos de desarrollo y movimiento.
Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo XX, los magnates de la Reserva Federal de los Estados Unidos impusieron sus agresivas políticas neoliberales elitistas en Panamá a través de las Instituciones Financieras Internacionales de Crédito IFIS, como el Fondo Monetario Internacional FMI, Banco Mundial BM, Banco Interamericano de Desarrollo BID, etc; políticas neoliberales impuestas en el continente y en el mundo a países dependientes y subdesarrollados como Panamá, a esta barbarie contra los pueblos le llamaron ajuste estructural de las economías para presentarlas como simples cambios en la estructura económica de los Estados, y así presentarlas como algo inofensivo y de esta forma cubrir la realidad perversa y siniestra que estos ajustes pretendían contra los pueblos del planeta, de estas políticas neoliberales surgen la destrucción del «Estado de Bienestar» que garantizaba soluciones de servicio social público como energía eléctrica, telefonía, viviendas, etc., estas fueron privatizadas, se inició de forma simultanea la creación e imposición de grupos oligopólicos en el mercado a los que se les entregó en baratillo las instituciones estratégicas del Estado panameño que convirtieron en negocios para las transnacionales y grupitos de inversores locales con mínimas acciones, se impuso la desregulación o liberalización del mercado panameño permitiendo con ello el aumento salvaje y descontrolado del precio de los alimentos y de bienes y servicios necesarios para que los panameños pudieran seguir viviendo en este mundo, con las políticas neoliberales se condena a la sociedad panameña al ostracismo, al aislamiento, exclusión o abandono total por el Estado.
A partir del 2008 el sistema capitalista y su modelo neoliberal entraron en una fase de crisis terminal sin retorno, debido a la concentración exagerada de riquezas en pocas manos, la provocación indiferente de los cambios climáticos agresivos debido a la destrucción de la naturaleza y negocios extractivistas, por la suplantación o desplazamiento de la mano de obra trabajadora por tecnología agrícola, industrial y comercial, la robótica y la inteligencia artificial, por la eliminación de instituciones que prestaban asistencia a la población y subsidios estatales, por la eliminación del Estado de Bienestar, por el aumento poblacional o demográfico, por la conversión de los Derechos Humanos de los pueblos en negocios, y el terrible endeudamiento a más del 50% del Producto Interno Bruto BID con bancos internacionales aumentando la deuda externa y la dependencia a organismos internacionales.
La crisis anterior obligó a los magnates del capitalismo y el neoliberalismo local a imponer nuevas medidas de ajuste y acelerar los procesos neoliberales que habían sido postergados en el tiempo debido a protestas sociales, como el caso de la privatización de la seguridad social o de la Caja de Seguro Social CSS y aplicación de medidas paramétricas, privatización del IDAAN, reducción de importantes instituciones públicas, y mayor endeudamiento.
La oligarquía notó un importante salto cualitativo en la beligerancia de las principales organizaciones sociales del país, que decidieron enfrentar cara a cara el proceso neoliberal, y en julio del año 2022 y finales de octubre y noviembre del año 2023 se dieron dos importantes gestas populares contra los efectos de estas políticas neoliberales y el extractivismo salvaje, de manera que la oligarquía desde el gobierno de Laurentino Cortizo y de José Raúl Mulino decidieron montar un escenario macartista de guerra fría de los años 50 contra el pueblo panameño, contra sus dirigentes y directamente contra sus organizaciones sociales, creyendo equivocadamente que persiguiendo, judicializando y encarcelando a dirigentes, y desmantelando sus estructuras sociales desaparecerá la lucha de clases en el país.
La arremetida oligárquica contra dirigentes sociales y organizaciones beligerantes, sumado ahora a la ayuda, asesoría y presencia de los Estados Unidos en Panamá destruye la coexistencia pacífica que mantenía la clase dominante con representantes de la clase obrera, que pacíficamente coexistían en un ambiente de buena vecindad, pues, la participación en la vida y contienda electoral cada cinco años por la clase obrera convenía a la clase burguesa que se mantenía muy cómoda mutando en su proceso de metamorfosis política y económica en el país, a pesar de la aplicación de políticas neoliberales en contra del pueblo y leyes electorales impopulares, pues, estos se aseguraban de profundizar desigualdades en las leyes electorales en favor de los partidos políticos controlados desde la banca y empresarios, mientras que los partidos, fuerzas o formaciones electorales de izquierda o contestatarias eran arrinconadas hasta su extinción a pesar de contar con los mejores candidatos u ofertas electorales y propuestas a la sociedad
Esta realidad profundiza las contradicciones en el marco de la lucha de clases, y crea un escenario existencial, que obliga a las organizaciones sociales más desarrolladas a dar un salto cualitativo y radicalizar la lucha social contra la opresión devenida en dictadura fascista, puesto que la realidad por otra parte obliga a la oligarquía a buscar nuevos métodos de opresión para salvaguardar su poder y privilegios a costa de muertos, presos políticos, torturados, heridos y judicializados, a través de la nueva dictadura protegida directamente por Estados Unidos en nuestro territorio que apuesta a reducir a su mínima expresión a sus enemigos de clase o llevarlos al exterminio político.
De la lectura política correcta de la realidad y métodos de lucha oportunos, dependerá la derrota de la tiranía fascista y gringuera, hasta lograr una patria libre, democrática, digna y justiciera.
¡El pueblo vencerá!
Coordinadora Victoriano Lorenzo «CVL»
19/junio/2025