El Derecho No Puede Ser Instrumento de Persecución Política

En un verdadero Estado de Derecho, el poder público no puede ejercerse con sesgo, ni convertirse en un instrumento de represalia política. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre hoy en Panamá, donde el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha desplegado una peligrosa estrategia de criminalización contra una de las organizaciones sociales más relevantes del país: el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Esta persecución no es simbólica: es concreta, institucional y sistemática. La judicialización de dirigentes como Jaime Caballero, en la provincia de Chiriquí, bajo figuras como el blanqueo de capitales y delitos financieros, revela la instrumentalización del derecho penal como herramienta de represión. El Ministerio Público no ha acreditado la existencia de una fuente ilícita que justifique la acusación —elemento esencial para configurar el tipo penal invocado—, ni ha identificado perjuicio alguno a entidad financiera específica. Esto no es solo una falla técnica: es jurídicamente inadmisible y vulnera el principio de legalidad.

A ello se suma la detención de Genaro López, figura histórica del sindicalismo panameño, sin exposición clara de los hechos, sin evidencia pública que justifique la medida extrema de privación de libertad, y en un clima abiertamente politizado. No se está actuando en nombre de la justicia, sino en el marco de una intimidación institucionalizada, donde el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional operan alineados a una narrativa presidencial que ha sustituido la pluralidad democrática por el autoritarismo discursivo.

Como si esto fuera poco, por orden del procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez —abogado personal del presidente— se ha desempolvado un expediente en la jurisdicción de Bocas del Toro, que ya tenía orden por el fiscal de causa de ser archivado, y se ha trasladado a la jurisdicción de Panamá, con el único propósito de justificar nuevas órdenes de detención contra dirigentes sindicales. Esta maniobra ha empujado incluso al líder Saúl Méndez a solicitar asilo político en el Estado Plurinacional de Bolivia, un hecho de gran gravedad para nuestra democracia.

Esta coyuntura representa un punto de quiebre. Hoy los perseguidos son los líderes del SUNTRACS. Mañana podrían ser abogados, periodistas, ambientalistas, estudiantes o cualquier ciudadano que ose disentir. La manipulación del derecho penal con fines políticos constituye una regresión autoritaria y una amenaza directa a la independencia judicial, al equilibrio republicano y a la legitimidad del sistema de justicia.

Como profesionales del derecho, tenemos una responsabilidad ética ineludible: denunciar estas desviaciones, exigir el respeto irrestricto al principio de legalidad y garantizar que la justicia no dependa del color político del acusado, sino de las pruebas y del debido proceso.

La defensa del Estado de Derecho no es un eslogan. Es una tarea concreta, diaria y urgente. Callar ante la persecución judicial por razones ideológicas es, en sí mismo, un acto de complicidad.