El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
La corrupción nos ha hecho débiles como Estado y sabiéndonos débiles, los carroñeros imperiales nos amenazan y nos atacan con el fin de rematarnos.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
El clientelismo político fue el instrumento eficaz para inocular durante años y ante la mirada complaciente de toda la clase política, el virus de la vileza que permitió el desmantelamiento de valores morales y éticos que hubieran frenado en nuestra sociedad, la retoma del poder por sectores poderosos económicos que además, en un sistema democrático corrompido, pudieron agenciarse el poder político a través de sus representantes que juegan a su favor y cumplen la tarea de administrar el Estado por encargo de esos poderes fácticos vinculados a los grandes poderes económicos en el mundo.
Una larga lista de empresas, otrora con algún prestigio en la sociedad, ahora han devenido en partícipes del festín de la corrupción, so pena de quedar aisladas de contratos jugosos, desde un Estado que paga obras por un valor; tres veces lo que cuesta al sector privado.
La excusa para semejante dislate, la presentan las empresas argumentando que sus gastos financieros son muy altos, para encubrir las mordidas, las coimas y la participación de intermediarios que ayudaron a facilitar el negocio o funcionarios del Estado directamente involucrados en el proceso de asignación, inspección y recibimiento de las deficientes obras por lo general.
La ley 22 de contrataciones públicas que se creó en el 2006, Ley de Contrataciones, fue literalmente arrumada y echada a un lado y se privilegió la contratación directa para facilitar la decisión política caprichosa en contraposición a aspectos técnicos, financieros y éticos y abrir así un portillo inmenso de arbitrariedad que le cuesta a la sociedad miles de millones de balboas que se los terminan repartiendo las empresas, bancos, funcionarios y padrinos electorales que patrocinaron campañas a cambio de esas jugosas recompensas.
Empresas Internacionales, como ODEBRECHT, MECO, FCC, CONALVIAS, y las nacionales TCT, CUSA y 12 empresas más, recibieron contratos por un valor cercano a los 18 mil millones de balboas en los últimos años, lo cual puede estimarse un sobreprecio cercano a los cinco mil millones de balboas, que representan más del presupuesto nacional anual de Nicaragua con una población de más de siete millones de personas. Esto sin contar con empresa que dan servicios de limpieza a hospitales, a pesar de que se tiene el personal contratado por el Estado para estos menesteres, la empresa que cobra sumas altísimas por la mecánica y chapistería en MI BUS, la compra caprichosa de miles de laptops a una fundación que arregló sus papeles con una velocidad record, y otras contrataciones que se siguen dando en la actualidad.
Una lista de 23 Bancos con licencia internacional e interna asentados en la República de Panamá, se ha n encargado de la operación de limpieza de capitales oscuros surgidos de estos negocios al amparo y permisibilidad de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), adscrita a la Presidencia de la República y prácticamente el patrocinio de la Superintendencia de Bancos y el silencio cómplice de la Asociación Bancaria Nacional que no termina por creer en la autorregulación. Otros dan la batalla para aprobar el proyecto de Ley 163, misma que les daría acceso al manejo y administración de más de diez mil millones de las reservas que mantiene la CSS y que representa cientos de millones de dólares de utilidad, sin aportar ningún valor agregado a este importante capital. Pero este aspecto del proyecto es que es innegociable para esas empresas financieras carroñeras.
Al día de hoy y después de semejantes escándalos, no hay ninguna medida de sujeción, multa o suspensión de licencia o cancelación de la misma a pesar de haber violado flagrantemente la normativa de la banca nacional y del centro financiero internacional que ha sido cuestionado desde hace rato por fuerzas internacionales que lo quieren liquidar como competencia, pero que ante esta situación ofrecen en bandeja de plata la justificación expedita a esos ataques, ahora fundados.
La figura de las Adendas a contratos se ha convertido en un mecanismo perverso de incrementar criminalmente los costos ya de por sí sumamente altos o la figura o maniobra de presentar un bajo precio para obtener el contrato y luego modificar el precio por este mecanismo de las adendas y consolidar así el atraco con la diligente anuencia de las autoridades nacionales.
Las autoridades encargadas de investigar y sancionar todas las conductas delictivas y llevar al banquillo de los acusados a los corruptos, han terminado siendo rebasados en su deber, porque estas autoridades también están sujetas al control político de los mismos que deben ser procesados y condenados por sus acciones contra los panameños. Solo muy pocos están siendo investigados, y las investigaciones adolecen de la contundencia y firmeza que se requiere. La Contraloría General de la República, por su parte, se ha convertido en promotora de la corrupción desde adentro, ha terminado haciendo informes que lejos de auditorías forenses trasparentes, terminan por concluir que aquí no ha pasado nada, se ha evitado investigar siquiera las partidas circuitales y fondos de juntas comunales y municipios donde es evidente que hubo toda clase de chanchullos, mientras que la deuda pública para cancelar esas obligaciones oscuras nos ha llevado a un límite peligroso que pudiera comprometer la libertad financiera del Estado panameño en un corto plazo, pero a pesar de todo ello, el actual gobierno sigue pidiendo préstamos que agrandan nuestra escandalosa deuda pública externa. Ha quedado además en evidencia; la renuencia del Ministerio Público panameño, en colaborar con organismos similares de otros países, cuando se le ha pedido colaboración.
Las recientes irrespetuosas e inadmisibles declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos de América, se dan precisamente porque este personaje sabe muy bien cómo un sector de la alta clase económica nacional, por su participación en la rampante corrupción, ha perdido legitimidad, es decir, sabe de su debilidad y por eso el chantaje extorsivo y el sometimiento, para alcanzar los propósitos de un mayor entreguismo y genuflexión que pondría al país en una condición peligrosa de suprema indignidad.
El plan es, no solo apropiarse del Canal, sino además, someter absolutamente al país y abrir la mina de Donoso que nuestra Jurisdicción declaró inconstitucional e improcedente y saquear todas las riquezas del país y avasallar a los panameños a la más vergonzosa humillación y cruel sometimiento.
Cuanta falta hace líderes de la talla de Justo Arosemena, Tomas Herrera, Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera, patriotas que le sirvieron con amor y entrega a su pueblo.
