El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Rogelio Antonio Mata Grau
El Acuerdo Salas-Becker, firmado apenas seis meses después de la histórica reversión del Canal de Panamá por el Canceller Panameño Jose Miguel Alemán Healy y bajo la conduccion politica del Gobierno de Mireya Elisa Moscoso, en el mencionado acuerdo se concertaba que personal militar y técnico estadounidense regresara al territorio panameño bajo el pretexto de la lucha antidrogas.
Aunque no se trataba de bases militares permanentes, se concedieron privilegios diplomáticos al personal estadounidense y el uso de instalaciones estratégicas como la antigua base de Howard, convertida entonces en un “Centro de Coordinación Regional”. Este acuerdo no fue aprobado por la Asamblea Nacional, ni sometido a consulta pública; sin embargo, Estados Unidos lo registró ante la ONU, consolidando unilateralmente su estatus internacional. Veintitrés años después, el entendimiento entre el ministro Juan Manuel Ábrego y el exfuncionario Pete Hegseth, vinculado al ala más radical del trumpismo estadounidense, repite el mismo patrón.
En medio de la creciente presión migratoria en Darién, el gobierno panameño permite la intervención logística, operativa y posiblemente militar de Estados Unidos en su frontera oriental, sin detallar los términos del acuerdo ni someterlo a escrutinio legislativo o ciudadano.
Ambos acuerdos —el uno antidrogas, el otro antinmigración— revelan una preocupante continuidad: la tendencia de ciertos gobiernos panameños a firmar entendimientos de cooperación asimétrica, en los que la soberanía nacional queda comprometida a cambio de apoyo técnico, seguridad o supuestos beneficios estratégicos.
Más grave aún es el contexto en que se inscribe el entendimiento Ábrego–Hegseth. A diferencia del año 2000, hoy Panamá se encuentra en una encrucijada geopolítica más compleja, con una acusación temeraria del Presidente de los Estados Unidos, acerca de la supuesta presencia china en infraestructura y comercio, y una tensión latente entre el control de la vía interoceánica y la autonomía soberana y territorial de la Republica de Panamá sobre todo su territorio . La intervención estadounidense en Darién no puede leerse simplemente como ayuda migratoria; es, en muchos sentidos, una reactivación del tutelaje histórico que Panamá ha luchado por superar.
La ausencia de transparencia, la falta de debate parlamentario y el desprecio por la voluntad popular no son detalles técnicos; son señales de alarma. La historia nos ha enseñado —a través de luchas como la de Filos-Hines tratado de bases militares de 1947, la oposición al Salas-Becker— que la soberanía no se negocia en salones cerrados ni se transfiere por conveniencia política. La defensa del territorio y la autodeterminación exige claridad, participación y Valentía.
Panamá no puede seguir firmando acuerdos que nos atan al pasado en nombre de un futuro incierto. El Salas-Becker y el Ábrego-Hegseth son espejos de una misma sombra: la del poder que opera sin rostro y sin rendición de cuentas. Es hora de encender la luz.
Profesor de Historia de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos
