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Cuando se gobierna sin virtud

Editorial

Nunca, hasta ahora, habíamos podido observar a un gobierno que desprecia la razón, y que provoca la confrontación con la mayoría de los panameños en forma deliberada.

Desde su composición, hace casi un año atrás, escogió el mandatario a un solo sector social y económico para formar gobierno. El sector empresarial que hasta ahora ha conformado un frente antipopular cuyo propósito es imponer por la vía de la política de “shocke” varias leyes como la 462 de la CSS, la reapertura de la mina de First Quantum y la entrega de la soberanía nacional.

Es ese sector empresarial el que ha estado vinculado en forma directa con la gigantesca e rampante corrupción de los ultimo 30 años que, se ha encargado de destruir la institucionalidad democrática y el sosiego nacional. Esos mismos empresarios que vendieron sus empresas al capital trasnacional pero que ahora reclaman el espacio de la primogenitura que vendieron al mejor postor.

Todo esto, mientras tanto el gobierno, a pesar de haber ganado las elecciones con el 34% de los votos válidos, es decir, teniendo en contra cerca del 70% del respaldo popular que, ahora en estos momentos, en los últimos estudios de opinión solo retiene un poco más del 12% del respaldo popular, en lo constituye el gobierno más íngrimo de apoyo popular en toda la historia de la república.

Este gobierno ha sembrado una tensión social basada en el terror, la aplicación de la persecución judicial desde el Ministerio Público y el Órgano Judicial, la represión especialmente dirigida contra los originarios, los trabajadores de la construcción, maestros y profesores.

El olímpico desprecio al diálogo, a las vías de entendimiento y concertación, solo pueden surgir de una mente que procurando imponer políticas absurdas, no tiene miramiento a las graves consecuencias que conlleva la imposición por la vía de la fuerza, de políticas públicas en contra del pueblo y que, como consecuencia directa, enrarece el clima democrático nacional.

Desconocer a la opinión publica y abrogarse el derecho de imponer políticas al margen de los ciudadanos, no es otra cosa que asestarle un golpe mortal a la democracia e imponer una tiranía que el país, no solo no merece, sino que, el pueblo que ama la libertad como un bien superior, tiene el deber de revelarse y sacarse de encima las argollas de esa opresión al precio que sea necesario.

¡Así de sencilla es la cosa!

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