Por: Juan Jované
Desgraciadamente este excedente no se utiliza en favor de la población. Dado que Panamá es el segundo país con menor carga tributaria para los más ricos y donde, además, el sector corporativo empresarial realiza una evasión fiscal de aproximadamente B/. 6,698.6 millones anuales, es evidente que los ingresos del Canal que pasan a manos del gobierno central se utilizan para tapar este hueco fiscal. Es decir, se usan en beneficio de los sectores económicamente dominantes, así como para el clientelismo y la corrupción.
Si bien, dada la legislación vigente, no es función de la Junta Directiva de la ACP, determinar el uso de los recursos entregados al gobierno central, lo cierto es que, de existir miembros de los sectores populares en su junta directiva, los colocaría en una posición de denunciar esta situación. Esto no solo serviría para alertar a la población sobre este hecho. También serviría como plataforma para promover una legislación que les diera un uso social a éstos recursos (educación, salud, seguridad social y seguridad y soberanía alimentaria).
Por otra parte, existen temas internos a la ACP que deben ser abordados teniendo en cuenta las perspectivas de los sectores populares.
En este caso está, para comenzar, el problema de la transparencia, tema en que se han dado algunas denuncias. El hecho que en el presente año fiscal el presupuesto de la ACP en gastos de operación e inversiones ascienda a B/. 1,851.6 millones, llama la atención sobre la importancia de la fiscalización ciudadana. El tema de la desafectación de tierras que pasan a manos privadas también es motivo de preocupación, ya que reducen el patrimonio nacional.
También existen retos importantes de mediano y largo plazo. Aquí se puede llamar la atención sobre la estrategia para enfrentar los problemas relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre el Canal. El uso planificado del recurso hídrico con sentido social es fundamental. En esa estrategia también se deben tomar en cuenta los impactos geopolíticos de la contradicción China – Estados Unidos, así como la posible aparición de rutas alternativas.
Así mismo se deberá promover una adecuada inserción del Canal en una estrategia de desarrollo que rompa con el modelo transitista, promoviendo una sociedad más equitativa, democrática y respetuosa del medio ambiente. No menos importante es asegurar una administración en que se den relaciones laborales justas y armónicas, las que son indispensables para la productividad de la actividad.
Será fundamental mantener contacto con los sectores sociales y rendir cuenta permanentemente.
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