El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
El Régimen de Mulino, de manera arbitraria y perversa, está aplicando en Panamá, a través de las fuerzas de seguridad, entre las que se destacan la policía nacional, el servicio de fronteras, el SPI, y el Senan, están desarrollando una operación de represión en todo el territorio nacional contra la población, especialmente los profesores, maestros, obreros, estudiantes, mujeres, ancianos, niños y muy incisivamente contra la población originaria, determinados como el enemigo interno que no es otra cosa que, el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. Este grave hecho desnaturaliza la existencia de nuestras fuerzas de seguridad, que no se atienen al artículo 17 constitucional, sino que están al servicio del poder económico que tiene cooptado el poder político. Esta doctrina es la que después de la Cruel Invasión de l 20 de diciembre de 1989, el ejército norteamericano ha introducido y propalado como doctrina de seguridad.
Al régimen de Mulino no le acompaña, sino un amplio rechazo nacional, y solo las fuerzas de seguridad con órdenes superiores de 400 comisionados y subcomisionados que a pesar de la grave crisis de la CSS conservan el privilegio de salarios de 10 mil dólares mensuales y jubilaciones especiales y además, otros privilegios inauditos que explican la ciega obediencia y la violencia ejercida desde el Estado contra la población como no se había visto nunca.
El uso hasta de helicópteros del SENAN y privados para disparar, no solo gases lacrimógenos en residencias donde viven niños, ancianos, y mujeres en estado gravidez, con un odio que solo puede concebirse en una guerra fratricida, que divide al país, entre los que tienen hambre de comida física y de justicia y los que se mueren de congestión y controlan a su antojo las fuerzas de seguridad que dejaron de ser nacionales para volverse en fuerza de seguridad particulares al servicio de la oligarquía.
En poco más de 10 meses de gobierno de Mulino, han sido suficientes para ver en persona la grosería, la arbitrariedad, la soberbia, la represión y el uso del aparato estatal de seguridad, para apuntalar a la fuerza, un orden hostil contra la gente y contra los valores ancestrales de respeto, decoro, dignidad y decencia de nuestra sociedad.
La corrupción y la avaricia se ha tomado el poder y lo está ejerciendo a su conveniencia, porque nos han endeudado y comprometido seria y gravemente el futuro del país, pero no hay nadie preso que no sea el que se robó una gallina, un celular o cazó alguna iguanas, porque los que hicieron el gran latrocinio, de seguro son candidatos para otorgarle la orden Manuel Amador Guerrero.
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