En mis 45 años de laborar como funcionario de la Contraloría General de la República, donde veíamos a cabalidad situaciones de índole estadística, fiscalización, legal y auditoría, entre otras, no recuerdo tanto apego de un Contralor General a un gobierno.
Incluso, tuve la oportunidad (quizás por mi formación en docencia, decencia y honestidad) de acompañar, en diferentes reuniones o momentos a algunos Contralores.
La Contraloría General, quizás hasta el 2009, cuando se profundiza la debacle, mantuvo posiciones firmes en sus decisiones sin tantas complacencias a un presidente o su gabinete.
Voy a referirme al profesor Rubén Darío Carles, (Chinchorro),1990/1994, quien tuve la oportunidad de escuchar, en su Despacho, respuestas al entonces presidente Guillermo Endara Galimany, por querer interferir en el sagrado derecho constitucional de verificar los documentos, en su corrección y buen uso de los recursos del Estado (según la Ley 32, orgánica, de 1984).
El presidente solicitaba agilidad y con premura dar trámite a contratos que oportunamente se habían devuelto para subsanar (hacer correcciones o adjuntar planos u otros documentos, por insuficiencia de los mismos).
El presidente ordenaba trámite expedito, aún a pesar de las deficiencias o falencias en los documentos y el Contralor le respondió (palabras, más o menos así).
Si tus documentos vienen completos y con toda la información requerida, el documento se tramita, pero si los recibimos con deficiencias, serán rechazados y, dile a tus ministros que no me llamen solicitando cambio de fiscalizadores, la Contraloría la manejo yo.
Obviamente, había y se sentía un gran respeto por la Contraloría General, nos sentíamos orgullosos de portar un carnet que ahora se exige mantenerlo puesto.
Escuché, cuando expresó: tu eres el presidente, yo soy el Contralor. Existen procedimientos y leyes. Dile a tus funcionarios que lean y corrijan, cuando estén completos, brindaremos el trámite.
Pareciera que poco a poco la Contraloría viene bajando la guardia, a tal grado que se prevé se pierde el tiempo enviando auditores a verificar si los docentes están dictando clase o no, como si los auditores fueran personal de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, mientras aún se desconoce el informe final de las 600 vigas H del Canal, desaparecidas en el gobierno anterior, presumiblemente de un patio del MOP.
Aún se desconoce el informe final por la compra millonarias de los vehículos perforadores de pozo, en el gobierno anterior, el uso o mal uso de los 320 millones de dólares de las partidas circuitales, los 563 millones de la minera, los millones y millones de dólares condonados y/o adeudados por los omnipotentes empresarios corruptos, a la Caja de Seguro Social (CSS).
Algo no funciona a la luz del sol y se permite que la luna se interponga, para la existencia del eclipse. Requerimos perseguir la delincuencia de cuello blanco, los atracadores de la CSS, no a los educadores.
Si hubiera que culpar a alguien de la calidad de la educación oficial en Panamá, debemos iniciar investigando cada uno de los malos gobiernos que han impedido, directa o indirectamente, una buena educación oficial, con los recursos y estructuras propias que un ser humano merece.
Todo nos lleva a pensar que, de no existir corrupción, tanta dejades, falta de insumos, equipamiento, etc., incluso escuelas rancho, nadie requeriría de educación particular o privada y no habría huelgas. Dios te salve, Panamá.