Por: Enrique Avilés
Una canción del repertorio de la difunta Mercedes Sosa dice “Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio…”, me suscribo a ese pensar, pues de no ser así me hubiese comido, por completo, la razón de la demanda realizada por el CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada) contra del Decreto Ejecutivo 16 del 26 de julio de 2022, que decreta un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza. En esta acción el CONEP asevera que la misma forma parte de los reclamos judiciales correspondientes en relación con los decretos que se han emitido, luego de la «supuesta discusión en una mesa de diálogo con la cual no hemos estado de acuerdo porque ha sido excluyente». Esto último me sorprendió pues lo de “supuesta discusión de una mesa” es algo propio de miopes, cuando hubo una discusión televisada entre el gobierno y los dirigentes populares y de los sectores medios que logró acuerdos, luego del desborde de descontento de la ciudadanía por hacerse insostenible el costo de los alimentos, entre otras cosas, en Panamá, y mi pregunta inmediata fue ¿En qué país vive el CONEP? ¿Acaso nunca vió lo cerca que estuvimos de un estallido social total?. Como si fuera poco el consejo interpuso esta demanda porque se sintió excluido de esa mesa, cuando es sabido que se ha hecho lo imposible por sabotearla y no llegar a una segunda fase, donde deben sentarse con los sectores populares y medios a explicar por qué en este país el alimento está más caro que en muchas latitudes del primer mundo, ni hablar de la gasolina, medicinas y energía. Acaso el CONEP teme responder, en un medio televisivo, a esas inquietudes que rondan el pensar de la mayoría de los panameños, pareciese que sí, siendo este el argumento evasivo que le queda.
Por otra parte, el consejo no termina de ser claro en proponer ninguna mecánica para bajar el alto costo de los alimentos, y su argumento se limita a que debe de haber alguna, siempre y cuando no sea la regulación de los márgenes de ganancia de la cadena de comercio de los alimentos, ya fuese por imposición o por impuestos que retribuyan al estado la capacidad para crear los dichosos subsidios; de lo contrario, los subsidios tal como los está llevando la gestión gubernamental serían por endeudamiento, insostenible ya a estas alturas. Todo esto mientras indiscriminadamente los sectores empresariales del sector alimenticio, luego de la buena voluntad de los sectores manifestante de suspender acciones de fuerza para garantizar ser escuchados, suben el costo de los productos en mención y escasean algunos de primera necesidad. Como si fuera poco, ayer el presidente del consejo dijo que para ellos es un “espejismo” la segunda fase, clara sentencia de no querer dar la cara y respuestas al pueblo, porque a su parecer la mesa de diálogo es excluyente y discriminatoria.
En cuanto al Derecho Constitucional se refiere, existen varias disposiciones vigentes que señalan entre otras y establece taxativamente lo siguiente; que no puede ser más claro: Artículo 50. «Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social».
No hay que ser ciego ni muy brillante para notar lo excluyente que es decirle al pueblo que no podrá adquirir, de manera íntegra, su alimentación en todos los supermercados y tiendas de abarrotes, porque de alguna manera muy discriminativa sus mercaderes han decidido, independiente del Estado que debe garantizar la alimentación del pueblo, que sus precios deben ser muy “gold roll” en dichos establecimientos. Es más, no hay nada más discriminatorio y excluyente que obligar a las mayorías pauperizadas a estar correteando agroferias para ver si logran comer. Para cerrar, no queda de otra que decir, que es dantesco y mefistofélico ver al verdugo demandar al sentenciado para ejecutarlo una y otra vez. Dantesco y mefistofélico, por no decir sádico.
El autor es docente de la Universidad de Panamá.
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