Editorial

El gobierno antinacional ha dispuesto recursos de toda índole para movilizar a lo largo y ancho del país a su maquinaria de represión con una eficiencia tal que, por otro lado, es demasiado visible el abandono en que se encuentra la seguridad pública y la falta de recursos que dicen tener para atender los altos grados de incremento de la violencia en todo el país generada especialmente por la falta de justicia.
Cuando advertimos los panameños que, el rumbo que ha adoptado el gobierno antinacional (compuesto solo de empresarios), es el de imponer medidas, acciones y leyes que son contrarias al interés general para favorecer a un pequeño sector de la sociedad, a los que están en el poder, los más privilegiados, entonces se impone la norma del artículo 50 de la Constitución Política que dice: “ARTICULO 50. Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.  Es decir, en nuestro orden jurídico constitucional, el interés general tiene prelación jurídica que debemos aplicar en todo momento.
Así las cosas, tenemos que, en apoyo del interés general, respaldar la Huelga General que está desarrollándose es un deber patriótico, toda vez que, la misma busca objetivos concomitantes con el interés nacional, es decir:
1.- El restablecimiento de la soberanía y dignidad nacional y eliminar toda presencia militar extranjera y contraria a la Constitución Política y al Tratado de Neutralidad del Canal, además de la pretensión que tenemos los panameños de convertir a Panamá en un Estado Neutral, dentro de los conflictos de dominio geopolítico mundial de conformidad con lo estatuido en el artículo 315 constitucional.
2.- Enfrentar a la corrupción, incluyendo la de quienes evaden los impuestos, que ha destrozado la institucionalidad de nuestro Estados y la sociedad panameña.
3.- Derogar la Ley 462 de la CSS y adoptar una norma jurídica que permita restablecer el sistema público y solidario y pensiones dignas a los panameños y transformar a la CSS en una entidad eficiente de sus reservas y de los servicios de salud.
4.- No permitir el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos los recursos minerales que, solo podrán ser explotados por el Estado, cuando podamos garantizar que el daño al ambiente no sea grave, ni deje a las futuras generaciones con un legado de veneno.
5.- Obligar a los evasores de los tributos públicos que paguen su obligación fiscal o en su defecto que, les sea secuestradas legalmente sus empresas hasta que pueda el Estado, cobrar la totalidad de sus obligaciones dejadas de pagar y además, les sea conculcada su libertad, es decir que sean detenidos y obligados a cumplir una pena de prisión ejemplar, por poner en peligro y riesgo el interés general del país.
Esta frase que da término a este editorial la dijo Belisario Porras Barahona en 1920 y la repitió Omar Torrijos en la década de 1970. “Cuando el que manda pierde la razón, el que obedece pierde el respeto».